El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio Públicoalcance que los derechos fundamentales tienen en nuestro ordenamientojurídico, y que la decisión no resulte contraria a normas constitucionales,incluido el bloque de constitucionalidad, y demás normas legales queimpregnan de legalidad y legitimidad a las decisiones judiciales.Por lo tanto, el concepto de extradición debe tener en cuenta los tratadosinternaciones no sólo de extradición sino también los referentes alos derechos y garantías fundamentales tanto de los extraditables comode los restantes asociados, entre ellos los de las víctimas: la efectivareparación del daño sufrido, la obligación del Estado de buscar que seconozca la verdad de lo sucedido, y el acceso expedito a la justicia.Conceptuó adversamente a la entrega porque conceder la extradicióngeneraría las siguientes consecuencias negativas: (i) implicaría un desconocimientode los derechos de las víctimas, (ii) conllevaría un traumatismodel funcionamiento de la administración de justicia colombiana,y (iii) el delito de narcotráfico por el cual es requerido es de menorentidad y gravedad que las conductas punibles imputadas en Colombia,que en su mayoría son delitos de lesa humanidad.En relación con el espíritu de la Ley 975, argumentó que por tratarse deun propósito nacional, la paz no debe tener obstáculos, de manera quedebe existir equilibrio entre la justicia y ella, motivo por el cual se estructuróun proyecto que tuviera como ejes centrales la verdad, la justiciay la reparación, otorgando especial importancia a los derechos de lasvíctimas; propósitos obstaculizados con la extradición de los paramilitaressometidos al proceso de Justicia y Paz, pues han generado que en losprocesos se paralice el conocimiento de la verdad, ya que los postuladosno han podido seguir confesando los crímenes cometidos, quedando lasvíctimas sin saber la verdad y la sociedad sin garantía de no repetición.Adujo también, que además de la relativa impunidad generada por laLey no se puede permitir que se socave la verdad al impedir que lospostulados narren los crímenes cometidos y pidan perdón a las víctimas,como que las autoridades ofrezcan garantías de no repetición y se repareadecuadamente a las víctimas.219En cuanto a la obstrucción a la justicia colombiana, la Corte estimanecesario que las personas pedidas en extradición y que se desmovilizaron,