El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio PÃºblico

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Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio Públicoestrados judiciales de Justicia y Paz, ahora, con su extradición esapretensión es quimera inalcanzable.Algo más significativo ocurría mientras tanto, sabido del abandono obligadoen el que les sumieron sus antiguos comandantes –extraditados- aldejar de proveerles medios de subsistencia y garantizarles el pago desus defensores contractuales, sus hombres, mandos medios en la estructurade los grupos de autodefensa, aún recluidos en cárceles nacionales,desconcertados e inseguros de su futuro jurídico, replantearían su actitudy compromiso original con el proceso, en tanto, los perpetradores,repensaban su futuro ante tan incierto panorama, –de seguridad para susvidas y de indefinición jurídica de su situación- regresarían a empuñarlas armas, -muchos de ellos como en el caso de los desmovilizados delos Bloque Mineros, Héroes de Granada y otros– esta vez al servicio deorganizaciones ilegales armadas que surgían bajo el tenebroso nombrede las Bandas Emergentes y se dedicaban al narcotráfico como baseesencial de su actividad criminal.La extradición se diría fue un extremo alarde de severidad de un Gobiernoincapaz de controlar la reincidencia delictiva, si acaso ese era elmotivo de la medida, con el que sancionó más que a los hombres objetode la medida a las víctimas del paramilitarismo en Colombia.Lo anterior porque se aseguró definitivamente la impunidad respecto delos hechos delictivos cometidos por los jefes paramilitares extraditados,pues la Ley Antinarcóticos de los Estados Unidos de América se convirtióen el objetivo político supremo de los dos Gobiernos, que prefirieronel logro de una sanción negociada por narcotráfico a la represión de losdelitos de lesa humanidad que en Colombia cometieron estos Comandantesde las AUC.El Salado, La Gabarra, Naya, Unión Patriótica, Chengue, Comuna 13,serán nombres que se fundirán para siempre en el recuerdo nostálgicode las víctimas de las atrocidades “paras”, porque su legitimo derechoa la Justicia, que es principio fundante de esta democracia y Estado Socialde Derecho cuya vigencia apenas si se pregona, cedió otra vez anteotro modo de barbarie, la revictimización de quienes quedarán mirandoen lontananza la frustración de un sueño perdido, el logro de la verdadprometida por un Gobierno que terminó en su sentir, traicionando los217
El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio Públicovalores primigenios de todo Estado que se erija en Democrático, quizáspor ello, la confrontación armada continúa y ni víctimas ni victimarioscreen en convenios basados en la mentira y la traición.6.6 Consecuencias derivadas de la extradición deparamilitares sometidos al proceso de Justicia y Paz,según la decisión del 19 de agosto de 2009Con anterioridad a la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justiciael día 19 de agosto de 2009 132 , este órgano mantenía como líneadecisoria conceptuar favorablemente a la extradición en los casos enque el solicitado se encuentre sometido al trámite de la ley de Justiciay Paz y haya, o se encuentre confesando, los delitos cometidos comomiembro de la organización criminal, con la solicitud al Ejecutivo decondicionar la entrega a que el Estado reclamante garantizara los derechosde las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición,atendiendo los compromisos internacionales de Colombia en materiade derechos humanosSin embargo, como respuesta a los permanentes incumplimientos porparte del Gobierno a los llamados de atención efectuados por la SalaPenal de la Corte Suprema de Justicia, este alto Tribunal profirió ladecisión del 19 de agosto de 2009, en el radicado No. 30451, mediantela cual cambió su posición.218Lo anterior porque rindió concepto adverso a la entrega del postulado,dándole preponderancia a la justicia nacional y en procura de respetarlos tratados internacionales suscritos y ratificados por el país en materiade derechos fundamentales, y de obtener su efectividad, motivada en lafalta de eficacia de dichos condicionamientos debido a que el GobiernoNacional en las resoluciones por medio de las cuales venía concediendola extradición, no los estaba sujetando a su cumplimiento.Precisó que además de los requisitos legales y constitucionales paraverificar la procedencia de la extradición, está obligada a estudiar el132Dentro del Radicado 30451 de la Corte Suprema de Justicia.
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