El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

Experiencias de la intervención judicial dentro de los procesos penales de la Ley 975 de 2005Un salvamento de voto en la Sala de Justicia y Paz de la ciudad de Barranquillade la magistrada Zoraida Chalela Romano, sostuvo que nose requería sentencia ejecutoriada porque el legislador guardó silencioal respecto, habida cuenta de que bastaba con la evidencia física quele comprometiere con un nuevo delito para dar por sentada su falta devoluntad con los compromisos adquiridos al desmovilizarse.En tanto, Eduardo Porras Galindo, magistrado de la misma Sala, hablóde la precipitada pretensión y de la necesidad de tener a mano la promulgaciónde una sentencia de condena que probara la reiteración punibledel postulado con posterioridad a su desmovilización. Tal posiciónse sustentó en la Sentencia C-370 de 2006, según la cual “el delito ocultadodebe ser real, no fruto de la imaginación o la sospecha, lo cualexige que exista una sentencia judicial que otorgue certeza durante elperiodo de libertad a prueba sobre la comisión del delito ocultado” 19 .La Corte Suprema desestimó en decisión de segunda instancia las razonesaducidas por el Ministerio Público como apelante único, con ponenciadel magistrado Yesíd Ramírez Bastidas.La argumentación de la Procuraduría sostenía que es errado pensar quela exclusión de la Ley de Justicia y Paz es asimilable a una sanciónpenal, pues la diferencia óntica y jurídica entre ambas es evidente ypor tanto sus consecuencias deben serlo igualmente. Tal argumentaciónse basaba en la sentencia de la Corte Suprema en la actuación número23174 del 28 de noviembre de 2007, con ponencia del magistrado AlfredoGómez Quintero, de la que emanaba la innecesaridad, a juicio delMinisterio Público, en casos como el de Torregrosa Castro, de esperarpor el fallo de la justicia ordinaria porque esta jurisdicción transicional,que sustituye la vigencia y aplicación de aquella, se sostiene en el principiodel juez natural, y perdería su razón de ser ante posturas de esaradicalidad que desconocían el ámbito de aplicación y el objeto de laLey 975 de 2005.3519Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, JaimeCórdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,Clara Inés Vargas Hernández.