El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio PÃºblico

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Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio PúblicoFrente a una aceptación de reformulación por parte de la Fiscalía existela posibilidad de que esta nueva circunstancia sea aceptada por el postuladosiempre que pueda constatarse como imputado el fundamentofáctico de la conducta y las víctimas de tal hecho se encuentren debidamentereconocidas y representadas en la audiencia, de lo contrariodeberá retrotraerse la actuación a las etapas previas.En este aspecto ha surgido una controversia bien importante, concernienteal establecimiento de la calificación jurídica de hechos ocurridoscon anterioridad a la vigencia de la ley 599 de 2000, Código Penalvigente que consagró el Título sobre los delitos contra las personas ybienes protegidos por el DIH y algunas conductas categorizadas comodelitos de lesa humanidad en el estatuto de la Corte Penal Internacional.Al respecto se debe considerar que la respuesta punitiva en materia de laLey 975 de 2005 debe corresponder con los estándares internacionalesen materia de graves violaciones a los derechos humanos, sin desconocerel principio fundamental de legalidad de la pena y de la conducta.A manera de ejemplo se puede tomar el tipo del homicidio en personaprotegida, que sólo existe a partir de la Ley 599 de 2000. Pues bien, sise revisa la codificación sustantiva penal anterior, Decreto Ley 100 de1980, el homicidio agravado, poniendo a la víctima en circunstanciasde indefensión o aprovechándose de estas, se corresponde con la finalidadde protección del bien jurídico establecida para el homicidio enpersona protegida. Adicionalmente si se revisan las circunstancias demayor punibilidad o de agravación genéricas del anterior estatuto, elejercicio de individualización de la pena se correspondería con valoresde justicia y verdad, presentes en la estructuración del tipo de homicidioen persona protegida.Un ejercicio semejante, la adecuación de un homicidio agravado al contextode protección y reproche de las normas de Derecho Internacionalde los derechos humanos o de Derecho Internacional Humanitario,resultaría más que válido frente a los organismos internacionales desupervisión de los mismos, por sobre todo, respetaría a la par el ordenamientointerno pues la pena a imponer sería la vigente para el momentode ocurrencia de la infracción.179
El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio PúblicoRequisitos de elegibilidadEn estricto sentido la Ley 975 señala los requisitos de elegibilidad parala desmovilización colectiva y la de carácter individual -artículos 10 y11-; sin embargo en el artículo 3º y a nivel jurisprudencial se establecenunos requisitos para el otorgamiento de la pena alternativa que tambiénse han considerado como requisitos de elegibilidad.En la práctica, tanto los magistrados de Control de Garantías como losintegrantes de la Sala de conocimiento han dirigido su actividad a laverificación de los requisitos de elegibilidad para la desmovilizacióncolectiva.En la providencia de la Sala Penal de la Corte, fechada 31 de julio de2009, se establece que los magistrados de control de garantías y los dela Sala de conocimiento, están en el deber “…de promover las distintasetapas del proceso de desmovilización, conforme a los presupuestosformales y materiales que, en términos de razonabilidad, conduzcana determinar con claridad, si el desmovilizado se hace acreedor a lapena alternativa, gracias a su colaboración con la justicia, el esclarecimientode la verdad, la garantía de no repetición y la reparación alas víctimas.”Por tanto, en cada una de las diligencias preliminares y, sobre todo, enla audiencia de legalización de la formulación y aceptación de cargos,se debe verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, nosólo de la desmovilización, sobre manera, de los requisitos de elegibilidadpara el otorgamiento de la pena alternativa.180Frente a esta posición jurisprudencial surge otra que atiende más alcontexto del procedimiento de la Ley 975 de 2005, al contexto de unproceso de justicia negocial o premial. Si frente a la aceptación de responsabilidad,negociada con el ente acusador, el procesado o postuladorecibe un premio o beneficio de carácter punitivo, esto solamente puedeser posible en la medida en que esa aceptación de responsabilidadresponda o sirva para la concreción de los fines establecidos para elprocedimiento penal en general.Así las cosas, en términos de la Ley 975 la pena alternativa es un beneficioo premio establecido legalmente, como efecto no sólo de la aceptaciónde la responsabilidad en las conductas investigadas, sino también,
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