El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio PúblicoLa Magistratura no accedió a la impugnación de competencia, admitiendoque existe legitimidad por activa para que los defensores de víctimaspropongan la aludida excepción, pero considera que los magistradosde Garantías sí tienen competencia con base en el artículo 18 de laLey 975.Para fundamentar tal decisión se apoyó en la decisión del 8 de juniode 2007, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Supremade Justicia en el radicado 27.848, también citó la sentencia C-370 de2006 de la Corte Constitucional, esgrimiendo que en la misma se hizoexamen de los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 975 de 2005, en especial,al referirse al inciso tercero del artículo 19 que destaca una especiede control de legalidad que la ley radicó en el juez de conocimiento.Expresó que este control debe entenderse como control material de laaceptación de cargos, es decir, debe controlar la calificación jurídicade los hechos, la garantía de efectividad de las víctimas, el derechode acceso a la justicia por parte de las víctimas, por lo que no es dablepropiciar la inaplicación de una norma cuando ha sido objeto de controlde constitucionalidad.El Ministerio Público tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la improcedenciade la excepción de inconstitucionalidad que propusieronlos apoderados de víctimas y al respecto expuso que Colombia es unEstado Social de Derecho y por tanto resulta imperioso presumir laconstitucionalidad de sus leyes. A pesar de dicha presunción, la propiaConstitución Política autoriza a distintos órganos a controlar la constitucionalidadde las leyes, esto implica una fuerte carga, pues debedestruir de manera clara y objetiva la presunción ya anotada.162La excepción de inconstitucionalidad, autoriza la inaplicación de unanorma para el caso en particular, ya sea porque la norma es abiertamentecontraria a la Constitución o porque en algún evento su interpretacióno su aplicación, según el caso, se opone a la Carta. En el primer caso,es decir, cuando la norma es abiertamente contraria a la Constitución,el control bien podría ejercerse por vía de acción y el resultado positivoconduciría al retiro del ordenamiento jurídico de la norma demandada.En el segundo evento, esto es, cuando la norma a pesar de no sermanifiestamente violatoria de la Constitución tiene aplicaciones o