El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio PÃºblico

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Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio Públicofigura de aplicación excepcional mediante la cual se le permite al fiscalsuspender, interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal; (ii) lascausales de aplicación del principio de oportunidad deben ser establecidaspor el legislador de manera clara e inequívoca; (iii) debe ser aplicadoen el marco de la política criminal del Estado; y, (iv ) su ejercicioestará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza lasfunciones de control de garantías.” 90Son varias las situaciones que deben tenerse en cuenta para la aplicacióndel principio de oportunidad, por ello nos ocuparemos de reflexionarsobre algunas de ellas.Definición de los jueces de control de garantíasEn principio, puede sostenerse que la competencia para la aplicación delprincipio de oportunidad está en los magistrados de Control de Garantíasde la jurisdicción de Justicia y Paz, en atención a que la misma fuecreada para facilitar los procesos de paz y la reincorporación individualo colectiva a la vida civil de los miembros de los grupos armados organizadosal margen de la ley, tal como lo consagra el artículo 1° de la Ley975 de 2005. La génesis de la normatividad de Justicia y Paz fue precisamentelograr una paz sostenida en nuestro territorio nacional, atendiendoa la consagración como derecho fundamental de todos los asociados deeste valor, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución.El artículo 2° de la Ley 1312 de 2009, que modifica el artículo 324 dela Ley 906 de 2004, establece en el numeral 17 como beneficiarios delprincipio de oportunidad a los desmovilizados de grupos armados organizadosal margen de la ley que no hayan sido postulados por el GobiernoNacional al procedimiento y beneficios establecidos en la Ley 975de 2005, pero que también hayan manifestado con actos inequívocos supropósito de reintegrarse a la sociedad; esto es, facilitar los procesos depaz y contribuir a la reconciliación nacional, objetivos de la Ley 975.Ahora bien, para efectos de lograr una efectiva aplicación del principio deoportunidad por parte de los jueces de Control de Garantías, es necesaria14590Corte Constitucional, sentencia C-673 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio Públicola designación de nuevos funcionarios, no sólo para viabilizar su materializaciónsino para evitar la congestión en la justicia ordinaria.Además, debe concretarse si el conocimiento se va a realizar en todoel territorio nacional y ante las autoridades judiciales correspondientesal lugar de la comisión del delito, o sí por el contrario se tomará comoestrategia la ubicación de los jueces de Control de Garantías y Fiscalescorrespondientes conforme a la distribución de los despachos judicialesde los fiscales y magistrados de Distrito Judicial encargados de la aplicaciónde la Ley 975 de 2005.La segunda estrategia permitiría un mejor ejercicio de coordinación yseguimiento en la aplicación del principio de oportunidad, ya que losfiscales y los jueces competentes podrán acceder de mejor manera a lainformación que se tiene en el proceso de Justicia y Paz.Igualmente, es importante advertir que con el número de funcionariosque intervienen directamente en la aplicación de la Ley 975 de 2005 nopodría atenderse la aplicación del principio de oportunidad porque segeneraría un nuevo factor para profundizar la poca celeridad del procesode Justicia y Paz.La existencia de constancias sobre antecedentes penalesCon el fin de contar con información relacionada con actividades delictivaso delitos cometidos por los desmovilizados, distintos a loscontenidos en la Ley 1312 de 2009 o cometidos con posterioridad asu desmovilización es necesario que cada solicitud de aplicación delprincipio de oportunidad conste de los siguientes documentos:146– Certificado de antecedentes penales expedido por el DAS.– Constancia de la Fiscalía conforme al sistema o base de datos delCISAD 91 , donde se registran las medidas de aseguramiento y condenasexistentes.– Certificación librada por la Fiscalía conforme al SIJUF 92 , sistemade información sobre procesos activos y su estado, que se siguenpor la Ley 600 de 2000.91Centro de Información sobre Actividades Delictivas.92Sistema de Información Judicial de la Fiscalía.
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