El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

El proceso penal de Justicia y Paz desde la intervención del Ministerio Públicorelación con las medidas cautelares que pretende, siendo ello el desarrollodel artículo 27 del Código de Procedimiento Penal.El magistrado se refirió a la necesidad, pero no en el sentido jurídico,como elemento del test de proporcionalidad, sino a una necesidad materialde protección de los bienes, olvidando que la fórmula propuesta porel Ministerio Público es el primer paso para esa protección. Igualmente,en torno a la proporcionalidad no hizo alusión alguna. En virtud de loanterior se solicitó revocar lo resuelto por el a quo.Tal apelación fue decidida mediante auto del 8 de septiembre de 2008,radicación 30360, magistrado ponente Yesíd Ramírez Bastidas, del cualse destacan los siguientes apartes:“No tiene razón el recurrente al reclamar que las medidascautelares se impongan después de haberse producido la entregamaterial del inmueble al Fondo de reparación de lasvíctimas, porque el secuestro y embargo siempre son previos acualquier acto que sobre bienes ejecute el Fondo. Ello es asíporque solamente en la medida en que se tiene un título jurídicopara disponer del bien, así sea provisionalmente y mientrasse dicta sentencia, el Estado se blinda frente a demandas deresponsabilidad patrimonial ejercitadas por terceras personas.Aceptar lo que expone el Ministerio Público conduciríaa trastocar el orden de las medidas cautelares porque con laentrega al Fondo de un bien inmueble se estaría produciendomaterialmente el secuestro del mismo, siendo que lo procedentees que en primer lugar se decrete el embargo y luego seproceda al correspondiente registro, como en efecto lo decidióel magistrado de Garantías”.58Tal como se observa, la Corte Suprema de Justicia toma una arista dela problemática planteada, pero deja por fuera los otros argumentos quesirvieron de base a la interposición del recurso.Posteriormente, mediante auto del 3 de octubre de 2008, la Corte Supremade Justicia, Sala de Casación Penal, radicación 30.442, magistradoponente Alfredo Gómez Quintero, se pronunció expresamente sobrela problemática relacionada con las medidas cautelares reales que sedecretan antes de la imputación, cambiando la jurisprudencia ya relacionaday expresó: