El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio Públicoy cometidas después de la vigencia de la Ley por los desmovilizadosde los grupos armados al margen de la ley, durante y con ocasión desu militancia, a pesar de que, para la desmovilización o sometimiento,-posterior a la vigencia de la ley- se ha mantenido vigente la política ynormatividad de pacificación premial concertada que motivó los acuerdosde reincorporación.Algunas preguntas ilustran las dimensiones del problema jurídico.1º. ¿Debe aplicarse estrictamente el artículo 72 de la Ley 975 de 2005,en cuanto afirma categóricamente que los beneficios de la Ley sólose aplican a delitos cometidos antes de la fecha en que entró envigencia la misma? o por el contrario, ¿pueden aplicarse esos beneficiosa hechos cometidos por los postulados a Justicia y Paz quese adecúan al marco fijado por el artículo 2° de esa normatividad,pero realizados con posterioridad al 25 de julio de 2005 y con antelaciónal acto de desmovilización?La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisióndel 24 de febrero de 2009 proferida dentro del radicado 30.999,resolvió el problema atribuyendo plena legitimidad al texto y plenaaplicabilidad al contenido del artículo 72 de la Ley 975 de 2005, ypor tanto, negando la posibilidad de reconocer beneficios por los delitoscometidos por los integrantes de los grupos armados al margende la ley que, a pesar de adecuarse a las exigencias del artículo 2°,hayan sido perpetrados después del 25 de julio de 2005.No obstante lo anterior, en el plano académico aún subsisten múltiplesinquietudes, no sólo respecto de la legitimidad de la norma,sino de las consecuencias que se derivan de la interpretación acogidapor la judicatura.Por tanto, aún nos preguntamos:2º. ¿Al afirmar que los beneficios de la Ley de Justicia y Paz nocobijan hechos perpetrados con posterioridad a la vigencia de laLey pero anteriores a la desmovilización, también debe tomarseen consideración que el beneficio de la alternatividad exige,como condición resolutoria impuesta al postulado, la obligación129