El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio Públicoel fin de establecer ese modo de operar y toda esa información resultaser adicional al relato- confesión del procesado. En consecuencia, si elpostulado ha confesado, pero su confesión no resulta suficiente paraimponerle una sanción, es porque todavía opera plenamente la garantíade la presunción de inocencia, en los términos del artículo 29, inciso 4°de la Constitución Política.Aspectos probatorios y pruebas de oficioPosteriormente la Sala afirma que el papel del magistrado de Controlde Garantías en la Ley 975 de 2005, difiere del normado para el Juezde Control de Garantías de la Ley 906 de 2004, porque el primero tienevocación probatoria a diferencia del segundo. En virtud de esta facultadpuede interrogar ampliamente al postulado y recibir los testimonios quele soliciten las víctimas y el Ministerio Público, e incluso, ordenar pruebasde oficio; refiere que se puede escuchar a expertos, funcionarios deentidades públicas y solicitar a los intervinientes la aportación de informacióno evidencia. Sin embargo, renglones más adelante expresa queel funcionario de control de garantías se excede en cuanto reclama quela confesión esté asistida de otros medios de prueba.No se encuentra razón de mérito para hacer esta distinción, si bien escierto que frente a la formulación de la imputación, en un sistema adversarial,el juez no tiene facultades probatorias en estricto sentido. Encambio frente a la imposición de la medida de aseguramiento si puedesolicitarse la exhibición de la evidencia o información en la cual sesustenta la solicitud de la misma, es más, la misma Corte ha reconocidola vocación probatoria del Juez de Control de Garantías, diferenciandoesta situación de manera clara frente al Juez de Conocimiento.158Por consiguiente, no resulta claro cómo podría ordenar la práctica depruebas el magistrado de Control de Garantías, frente a la formulaciónde imputación, cuando ese acto es de mera comunicación. Es así comotales afirmaciones terminan por descuadernar y hacer ininteligible elprocedimiento establecido en la Ley 975 de 2005, peor aún cuando llamaexceso a la facultad que considera otorgada al funcionario de controlde garantías para contribuir a la construcción de la verdad.