El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio PÃºblico

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Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio PúblicoLa providencia concluye que el impugnante no tiene razón al aducir quela confesión del postulado es suficiente para sustentar la formulaciónde imputación y que la Fiscalía incumplió con su deber de acreditar demanera completa el juicio de probabilidad sobre la participación o autoríadel postulado, con respecto a las conductas por las que se procedía,limitándose a establecer que la conducta se identificaba con una políticasistemática y generalizada de los grupos armados desmovilizados, asertosustentado exclusivamente en la confesión del postulado.De igual manera consideró que el magistrado de Control Garantías seexcedió al examinar la imputación a la luz de los parámetros de la Ley906 de 2004 e “improbando los cargos formulados”, desconociendopor esta vía el relato del postulado y los derroteros de la Ley 975 de2005, ordenando que se realice una nueva audiencia para que el magistradorevise la “legalidad” de las conductas imputadas que fueronobjeto de rechazo.El efecto de una decisión como la antes reseñada no puede ser otro quela confusión y perplejidad del magistrado correspondiente, en cuanto alrol que debe desempeñar en la actuación que se repuso, esto es la nuevaaudiencia de imputación.Consideramos, entonces, que en la audiencia de formulación de imputación,la labor del magistrado de Control de Garantías se debe circunscribira la revisión de la claridad de las conductas imputadas, alsustento de la inferencia lógica sobre autoría o participación, con elfin de cumplir con el objeto de la diligencia, esto es servir de acto decomunicación al imputado-postulado, sin desconocer que a la Fiscalíacorresponde la valoración de la confesión y de la información obtenida,como sustento de la inferencia razonable que da origen a la imputaciónde una conducta.3.4 Audiencia de formulación de cargos159La audiencia de formulación de cargos establecida en la Ley 975 de2005 se presenta una vez se ha agotado el término otorgado para quela Fiscalía realice las verificaciones correspondientes, recopile las
El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio Públicoinformaciones y evidencias necesarias para delimitar los hechos quefueron imputados y logre una adecuada calificación jurídica, con mirasa la aceptación de los cargos formulados por parte del postulado yestablezca los fundamentos de la sentencia en cuanto a la declaratoriade responsabilidad penal.Competencia de los magistrados de control de garantíasLuego de la primera experiencia en relación con la formulación decargos, en el caso de Wilson Salazar Carrascal, en la ciudad de Barranquilla,se presentó una situación bastante particular respecto de la competenciade los magistrados de control de garantías para conocer dela formulación de cargos y la correspondiente diligencia. Lo anteriorporque surgió una dualidad, en razón de interpretaciones divergentesde las normas correspondientes.Uno de los magistrados de garantías radicados en Barranquilla y un sectorde Defensores Públicos de la ciudad estimaban que las normas queregulaban la competencia de los magistrados de Control de Garantías,para realizar la audiencia de formulación de cargos, eran contrarias ala Constitución Política y por ende aplicaron o invocaron excepción deinconstitucionalidad.Por el contrario, otro magistrado de las mismas calidades, los Procuradoresde Justicia y Paz, los Fiscales, los defensores privados ylos defensores públicos de otras ciudades, estimamos que no había talinconstitucionalidad.160En esencia el problema se desarrolló por cuanto la magistrada de Controlde Garantías se declaró incompetente, aplicando la excepción deinconstitucionalidad de los apartes pertinentes del artículo 13-6, inciso3° del artículo 18, inciso 2° del artículo 19 y último párrafo del artículo22 de la Ley 975 de 2005.La inconstitucionalidad se fundamentó en consideración a los artículos18 y 19 de la Ley de Justicia y Paz que regulan, entre otras figuras, ladiligencia de formulación de cargos, la cual equivale a la acusación aque alude el artículo 250-4 de la Constitución Política, el cual establece
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