El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio Públicocolectivo afectado, tampoco recibió el escrito de formulación de cargos.Por eso consideró el Ministerio Público que la audiencia no debía realizarse,y para apoyar tal solicitud se citó la decisión del 28 de mayo de2008 en el radicado 29.650 proferida por la Sala de Casación Penal dela Corte Suprema de Justicia 115 con ponencia del magistrado AugustoIbáñez Guzmán, que contiene los derroteros, entre otros, de la acusaciónen materia de Justicia y Paz, aunado a que, conforme la libertadde configuración del legislador, ha dicho la Sala de Casación Penal, laaudiencia de formulación de cargos es una etapa que resulta imperativaen el trámite de la justicia transicional. 116En dicha providencia la Corte Suprema de Justicia se ocupó, entre otrosasuntos, de las exigencias de la formulación de cargos, precisando queademás de los requisitos del artículo 337 de la Ley 906 de 2004, laFiscalía debe agotar exigencias acordes con la finalidad de la ley deJusticia y Paz -detalladas en 8 ítems-.Por ello, no resulta dable que en la formulación de cargos la Fiscalía selimite a entregar el escrito, con cinco minutos de antelación, pues comose sabe, el trámite de Justicia y Paz versa sobre una multiplicidad dehechos, cada uno con su propia narrativa, en diferentes circunstanciasmodales y espacio-temporales. Esto impone un análisis detallado paraformular las observaciones a que haya lugar, en materia de tipicidad,concursos, agravantes, inferencia de autoría o participación, entre otros,todo ello concerniente al establecimiento de la verdad.192En el caso concreto, el ente acusador omitió la aplicación del inciso finaldel artículo 337 del Código de Procedimiento Penal impidiendo a lasvíctimas y a la Procuraduría conocer con antelación los cargos a formular,negándoles así la posibilidad de revisar y pronunciarse conforme alo previsto en el artículo 339 de la Ley 906 de 2004. Esto es, para quelas víctimas puedan ejercer, en esta etapa, el derecho que les asiste deacceder a la justicia, como claramente se decidió en la sentencia C–209de 2007, pues al no cumplirse esas disposiciones se harían nugatorios los115Decisión modulada proferida en la actuación seguida a Wilson Salazar Carrascal, alias“El Loro”.116Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 31 de marzo de 2009, M.P.Alfredo Gómez Quintero. Radicado 31491.