El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio Públicodel beneficiario, que es uno de los fines reconocidos legalmente para lapena de prisión, por tanto, una consecuencia de su ejecución.La Corte Constitucional ha manifestado con base en el artículo 10 dela Ley 975 de 2005 que a las prerrogativas de rebaja punitiva, puedentener acceso aquellos miembros de un grupo armado organizado al margende la ley que voluntariamente se vinculen a un proceso de reincorporacióna la vida civil.Así mismo, para que los delitos queden contemplados dentro del beneficioes necesario que los delitos que se le imputan hayan sido cometidosdurante y con ocasión de la pertenencia a estos grupos, atendiendola previsión del artículo 72 ídem, sobe la vigencia y la decisión de laSala Penal de la Corte Suprema sobre el ámbito temporal de aplicaciónde los beneficios.Otro condicionamiento existente para la concesión del privilegio es labúsqueda de la satisfacción de los derechos que le asisten a quienesostentan la calidad de víctimas, esto es, los derechos a la verdad, lajusticia, la reparación y la no repetición.Ejerciendo el examen de constitucionalidad con referencia al artículo3° de la Ley 975 de 2005 la Corte Constitucional, en la providenciaya citada, señaló: “Así acontece con la expresión del artículo 3° quecondiciona la suspensión de la ejecución de la pena determinada enla respectiva sentencia, a la “colaboración con la justicia”. Esta exigenciaformulada en términos tan genéricos, despojada de contenidoespecífico, no satisface el derecho de las víctimas al goce efectivo desus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.Esta colaboración podría limitarse a suministrar alguna informaciónsobre las conductas de otros miembros de un grupo armadoilegal, en lugar de consistir en revelar de manera plena y fidedigna loshechos dentro de los cuales fueron cometidos los delitos por los cualesse aspira a recibir el beneficio de la alternatividad. Así entendida, lacolaboración no respetaría el derecho de las víctimas a la verdad. Lomismo podría decirse del derecho a la reparación. La colaboración conla justicia podría consistir en entregar los bienes ilícitos producto dela actividad delictiva, lo cual sería manifiestamente insuficiente paraasegurar el goce efectivo del derecho de las víctimas a la reparación.225