El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio PÃºblico

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Experiencias de la intervención judicial dentro de los procesos penales de la Ley 975 de 20054. LA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN EN ELPROCESO DE JUSTICIA Y PAZCompilación de Mauricio Amaya Martínezclark, Procurador 46 JudicialPenal de Barranquilla4.1 Presentación del temaImputar significa hacer responsable, atribuir, inculpar, incriminar, señalar,tildar, estampillar, cargar o culpar. En derecho penal, implica atribuir,inculpar, hacer responsable a una persona de la realización de undelito. Específicamente en el ámbito del derecho procesal penal, imputartiene dos implicaciones 35 :“Material. Es cualquier acto procesal en el que se le atribuye a unapersona la realización de un delito. Buenos ejemplos son una denunciao una sentencia condenatoria. También lo son, en la Ley 600 de 2000 laindagatoria y la resolución de acusación, entre otros; en la Ley 906 de2004 la imputación que hace la Fiscalía en la “audiencia de formulaciónde Imputación” o en el escrito de acusación.Formal. Es el acto procesal que el legislador ha denominado así, cuyocontenido material sigue siendo el de atribuirle a una persona la realizaciónde un delito, pero que procesalmente tiene una finalidad esencialmentecomunicativa de esa atribución delictual.”De tal manera, la imputación es el acto procesal específico mediante elcual el ente acusador del Estado le comunica a una persona, de maneraformal o solemne, por una parte, que lo considera autor o partícipe dela realización de unos determinados hechos relevantes para el derechopenal y, por la otra, que a partir de ese momento se le activan determinadose importantes derechos procesales.En Colombia, por expreso mandato constitucional impera el principiodel debido proceso, por tanto, cuando el Estado pretende imputarle válidamentea una persona la realización de un delito, necesariamente debehacerlo, en primer lugar, por vía de un proceso penal, y, en segundo6535Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 23 de julio de 2008, M.P. AlfredoGómez Quintero. Radicado 30120.
El proceso penal de Justicia y Paz desde la intervención del Ministerio Públicolugar, informándole de esa pretensión a efectos de que pueda ejercer suderecho de defensa.Las imputaciones penales que se hagan respecto de los miembros delos grupos armados desmovilizados no son y no pueden ser la excepciónal anterior postulado. Por ello, el Estado colombiano conscientede las dimensiones del conflicto interno a que estaba sometido el país,emprendió un proceso de pacificación concertada, garante de los derechosde todas las partes (activas y pasivas) del conflicto –comenzandopor las víctimas, pero sin avasallar los derechos de los victimarios– yrespetuoso de los compromisos internacionales del Estado en materiade derechos humanos en los cuales imperan los cometidos de verdad,justicia y reparación.Lograr esos estándares, requirió el diseño e implementación de mecanismosjurídicos que garantizaran plenamente los derechos que tienen,tanto las víctimas como la sociedad, a conocer la verdad, a sancionara los delincuentes y a recibir reparación. En segundo lugar, quesean lo suficientemente flexibles frente al derecho procesal como paraestimular el voluntario sometimiento a la legalidad por parte de losperpetradores quienes, con absoluto desconocimiento de la institucionalidad,imponían sus propias normas dentro de un Estado impotentepara someterlos. En tercer lugar, que posean la suficiente rigidez normativacomo para garantizar verdaderos reproches sociales y efectivassanciones penales para los perpetradores, a efectos de no caer en laimpunidad.66Tamaño reto se asumió con la expedición de la Ley 975 de 2005, el cualfue decantado por la Corte Constitucional al examinar su exequibilidad,creando así un sistema de justicia transicional compuesto por normassustantivas y normas procesales. Es claro entonces, que en la Ley deJusticia y Paz se incluyó la regulación de un proceso penal especial,con jurisdicción propia, pero ceñido a los mandatos constitucionales deldebido proceso ya anunciados.Dentro de este contexto, al igual que en los demás diseños procesalespenales existentes en Colombia 36 , el procedimiento penal especial con-36Ley 600 de 2000, Ley 906 de 2004, Ley 1098 de 2006 sistema de responsabilidad penal paramenores, Leyes 522 de 1999 y 1058 de 2006 Código Penal Militar.
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