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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTALREVISTA DEL CENTRO DE GRADUADOS E INVESTIGACIÓN. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA. Vol. 35 NÚM. 82 PP. 16-23 JUN. 2020 ISSN 0185-6294EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO COMO INSTRUMENTO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHOHUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANOHéctor Joaquín Bolio-OrtizLicenciado en Derecho UADY, Maestro en Desarrollo Regional Tecnológico Nacional, Maestro en Trabajo Social UNAM, Doctor en Ciencias SocialesUADY, profesor de la Maestría en Trabajo Social UNAM, adscrito al Servicio Profesional Electoral Nacional.Autor de contacto: joaquin.bolio@iepac.mxRecibido: 29/abril/2020 Aceptado: 14/mayo/2020 Publicado: 30/junio/2020RESUMENCon el presente trabajo se explica los fundamentos jurídicos sobre los que subyace la política ambiental del ordenamientoecológico en México, me avoco a hacer una revisión de leyes que van desde la Constitución Política Mexicana hasta leyeslocales como el Programa de Ordenamiento Ecológico Costero de Yucatán, documentos que retoman la idea de la protecciónal medio ambiente como derecho humano difuso de interés colectivo, donde instrumentos de política ambiental como elOrdenamiento Ecológico (OE) resulta una alternativa para poder forzar la maquinaria estatal en pro del cumplimiento efectivodel derecho humano a un medio ambiente sano. En las conclusiones se resaltan algunos aspectos que no han sido consideradosdesde la política pública mexicana por lo cual los OEs, son poco conocidos y por ende no impulsados como instrumento delucha social.Palabras claves: Ordenamiento Ecológico, participación social, derechos humanos.The ecological ordering as an instrument to demand compliance with the human right to a healthy environmentABSTRACTThis paper explains the legal foundations on which the environmental policy of the ecological system underlies in Mexico, Iundertake to make a revision of laws that go from the Mexican Political Constitution to local laws such as the CoastalEcological Ordering Program of Yucatán, documents that take up the idea of the protection of the environment as a diffusehuman right of collective interest, where environmental policy instruments such as the Ecological Planning (OE) is analternative to be able to force the state machinery for the effective fulfillment of the human right to healthy environment. Theconclusions highlight some aspects that have not been considered since Mexican public policy, which is why the OEs arelittle known and therefore not promoted as an instrument of social struggle.Keywords: Ecological ordering, social participation, human rights.INTRODUCCIÓNLos Ordenamientos Ecológicos (OE) son un instrumentopara la planeación sustentable del territorio, este instrumentode política ambiental esta normado por la Ley General delEquilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, justamentesu metodología de instrumentación está diseñada a partir dela participación y apropiación social, por lo cual resulta unaestrategia novedosa en el diseño de las políticas ambientalesmexicanas, pues lo que se busca es que responda a losintereses colectivos por encima de los privados conforme conel respeto y cumplimiento del derecho humano a un medioambiente sano reconocido en el artículo 4 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos.En este sentido, a lo largo del artículo se narra lo que es unOrdenamiento Ecológico (OE), su fundamentación jurídica ylos principios sociales que subyacen en la ejecución de losOEs, como la participación, empoderamiento y ciudadanía.Uno de los objetivos del artículo es hacer notar que los OEs,representan una herramienta social y jurídica para que losciudadanos legislen y actúen en el diseño de las políticasambientales, de manera que se rompa con la inercia de unademocracia mexicana que pareciera responde a los interesesde unos cuantos. Otra reflexión, versa en mirar los OEs,como un mecanismo de defensa jurídica para hacer efectivoel Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano consagradoen el artículo 4 constitucional. Por último, se narra el estudiode caso del Ordenamiento Ecológico Costero de Yucatán(POETCY), que fue decretado desde el 2007 siendo unordenamiento de carácter regional que tiene como objetivoregular actividades en la costa yucateca mediante lainstrumentación de criterios ambientales de carácterindicativo, no obstante la promulgación y vigencia delanterior instrumento, afronta graves problemas para suejecución pues muchas autoridades y la sociedad en generaldesconocen sus fundamentos y en muchos casos suexistencia. Lo anterior es constatado mediante un estudio deentrevistas realizadas a actores sociales y políticos de la zona,T E C N O L Ó G I C O N A C I O N A L D E M É X I C O . I . T . M É R I D A
EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO COMO INSTRUMENTO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANOe inmiscuidos en el proceso de la formulación y ejecución delos criterios ambientales regulados por el POETCY.MATERIAL Y MÉTODOSLa metodología empleada para el presente artículo adopta unenfoque hermenéutico jurídico, que a su vez no se quede enel piso de estudio normativo, sino que busque su críticamediante la contratación de lo normado con lo que ocurre enla realidad, por ello un apartado de este trabajo se enfoca enel estudio de caso del Programa de Ordenamiento EcológicoCostero del Estado de Yucatán (POETCY), donde medianteentrevistas semi-dirigidas a actores sociales y políticospudimos, además de la observación in situ, se logró conocerla dinámica en la que opera este instrumento de políticaambiental, de igual forma fueron importantes las reflexionesrealizadas por expertos en función de las problemáticas queha afrontado dicho programa para su adecuada ejecución.La anterior metodología de corte sociológico jurídico la heutilizado en diversos estudios, dado que considero que lasproblemáticas en torno a la aplicación de normas no puedenentenderse en su integralidad, únicamente desde la esfera delderecho, sino que es menester acudir a los hechos ydinámicas sociales.RESULTADOS Y DISCUSIÓNEl Ordenamiento Ecológico desde el ámbito teórico yjurídicoEl Derecho al Medio Ambiente Sano, es un derecho humanoel cual se encuentra consagrado en el artículo 4 de laConstitución Política Mexicana, el cual refiere:“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sanopara su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará elrespeto a este derecho. El daño y deterioro ambientalgenerará responsabilidad para quien lo provoque entérminos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tienederecho al acceso, disposición y saneamiento de agua paraconsumo personal y doméstico en forma suficiente,salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará estederecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidadespara el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursoshídricos, estableciendo la participación de la Federación,las entidades federativas y los municipios, así como laparticipación de la ciudadanía para la consecución dedichos fines” (CPEUM, 2018).A su vez, en México existen una diversidad de leyes queregulan la protección del derecho humano a un medioambiente sano, algunos juristas lo denominan un derechodifuso por la multiplicidad de leyes donde se estipulanderechos, obligaciones y procedimientos de la materiaambiental, al igual porque este derecho protege un derechode tipo colectivo. En tal virtud, para entender sus elementossustantivos y adjetivos es fundamental revisar múltiplescodificaciones y leyes tanto nacionales como estatales sobrelos que subyace el OE.La ley por antonomasia que rige nuestro sistema jurídicomexicano ambiental es la Ley General del EquilibrioEcológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en la cualse traza el objetivo del Estado mexicano de garantizar elderecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sanopara su desarrollo, salud y bienestar, además de buscar elgarantizar la participación social de los diferentes sectores dela sociedad para lograr los fines señalados anteriormente(LGEEPA, 2018).Algunos autores como Loperana (2007) señalan que esfundamental que los estados trabajen sobre dos ejes parapoder pensar en términos efectivos en el acceso a un medioambiente sano, por una parte, los Estados, ellos deben ser losprincipales promotores del respeto y protección, y por otraque si no existe la debida promoción de los derechosmencionados no estas generando ciudadanía de calidad quepueda exigir y vigilar el cumplimiento de las obligaciones delEstado. Como refiere el citado autor, el derecho humano a unmedio ambiente sano es una opción civilizatoria, que debeanteponerse al desarrollo particular, sin embargo, las lógicasdesarrollistas no concuerdan con estas leyes.Comúnmente se escucha que la sociedad no confía o confíapoco en las instituciones estatales, aunado al fastidio deldiscurso político por la poca importancia que se le da al sentirde la ciudadanía, ello se ve reflejado en un desanimo socialque deriva en el poco involucramiento de la toma dedecisiones, apropiación del espacio público y rendimiento decuentas. Lo anterior es así pues cuando se revisa como selegisla en nuestro país es claro, que muchas de las leyes noresponden a las necesidades sociales, y en esta cabríapreguntarnos si nuestro sistema de democracia indirectacumple con el objetivo del bienestar colectivo.A su vez, se cuenta con otros instrumentos legales que seríaimportante que la ciudadanía conozca, pues parecen a simplevista como una vía de acceso a la toma de decisiones y formade gobernar por parte del pueblo como mandata nuestraConstitución.Uno de ellos es el referido OE, el cual es un instrumento depolítica ambiental, definido en la LGEEPA como “Elinstrumento de política ambiental cuyo objeto es regular oinducir el uso del suelo y las actividades productivas, con elfin de lograr la protección del medio ambiente y lapreservación y el aprovechamiento sustentable de losrecursos naturales, a partir del análisis de las tendencias dedeterioro y las potencialidades de aprovechamiento de estos”(LGEEPA, 2018). El OE, permite que la ciudadanía decidasobre el manejo de los recursos y territorio, mediante unesquema de participación ciudadana para la determinación decriterios ambientales que normen los usos y prácticas de unaregión.REVISTA DEL CENTRO DE GRADUADOS E INVESTIGACIÓN. INSTITUTO TECNOLÓGICO MÉRIDA Vol. 35 NÚM. 82 17
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