publicación - CCOO

HÉCTOR MARAVALL GÓMEZ–ALLENDE
media varios meses; las irregularidades en las cotizaciones sociales (altas y bajas indebidas,
cotizaciones por salarios muy inferiores a los reales, apropiación empresarial de cuotas,
etc.) estaban muy generalizadas, sobre todo en determinadas ramas de actividad y en las
pequeñas y medianas empresas.
Tampoco hay que olvidar que en abril de 1977 había varios miles de trabajadores despedidos
por razones sociales, sindicales y políticas, pendientes de la amnistía laboral; el
patrimonio sindical estaba en manos del sindicato vertical y de organismos administrativos;
evidentemente no estaba autorizada la prensa sindical y en las empresas no existían
derechos sindicales como tablón de anuncios, locales, descuento de cotizaciones en
nómina, etc.
Frente a esta situación, el «Programa Mínimo de la Confederación Sindical de
CC.OO.», aprobado poco antes de la legalización, planteaba, entre otras, las siguientes
propuestas:
Derechos sindicales: Derecho de asociación, incluidos los funcionarios sin exclusiones,
de reunión, manifestación y libre expresión; derecho de huelga; amnistía laboral; derechos
sindicales en la empresa (asamblea, locales, afiliación, cotización, propaganda); garantías para
los representantes elegidos por los trabajadores; devolución del patrimonio sindical.
Derechos laborales básicos: Negociación del salario mínimo interprofesional, con
escala móvil revisable; 40 horas de trabajo a la semana y 35 para los de carácter penoso, peligroso,
tóxico y nocturno; 30 días de vacaciones al año; 4 meses de permiso por maternidad;
a igual trabajo, igual salario en el caso de las mujeres y los jóvenes; control sobre organización
y ritmos de trabajo; desaparición de los destajos; eliminación del prestamismo
laboral y de las contratas para trabajos permanentes; reducción de los abanicos salariales.
Derechos sociales: Jubilación a los 60 años para los hombres y a los 55 para las mujeres;
control de los fondos y recursos de la Seguridad Social por los trabajadores y los usuarios;
nacionalización de la industria farmacéutica; libre elección de medico por el usuario;
adopción de medidas rigurosas contra la contaminación y la adulteración de los alimentos;
financiación de la Seguridad Social a cargo de los presupuestos generales del Estado; creación
de un Servicio Central de Seguridad que unificara los criterios generales de política
sanitaria; ciudades sanitarias con todos los servicios en cada zona; inclusión de todos los
trabajadores de la industria, agricultura, servicios, función pública y autónomos en la
Seguridad Social.
Medidas de política económica: Fuerte impuesto progresivo sobre la renta y las grandes
herencias; tendencia a la supresión de los impuestos indirectos, menos los de lujo; socialización
o municipalización del suelo edificable; regionalización de las decisiones en mate-
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