publicación - CCOO

JORGE ARAGÓN
les, a los que estaba dispuesta la UGT, dado que éstos podrían suavizar la intensidad del
ajuste salarial y de plantillas que se quería aplicar.
Paralelamente, en este marco de incipiente desarrollo de las estructuras de protección
social y de un sistema fiscal amplio pero con importantes niveles de fraude, se aplicaron
medidas de reforma de la protección al desempleo que supusieron una cierta reducción de
la cobertura de las prestaciones contributivas, aunque se extendieron las de carácter asistencial.
Pero la medida más relevante desde el punto de vista de la política laboral fue la ampliación
de las posibilidades de contratación temporal a todo el colectivo de desempleados,
mediante la reforma del Estatuto de los Trabajadores, lo que significaba, dados los niveles de
paro, su posible generalización prescindiendo del principio de causalidad que hasta entonces
había regulado este tipo de contratos.
En este contexto de fuerte división sindical y de implementación de una política de
ajuste en el sector público industrial, se llegó a un nuevo acuerdo social, el Acuerdo Económico
y Social, firmado en octubre de 1984 por el gobierno del PSOE, la CEOE y la
UGT, que debería tener vigencia los dos años siguientes. En su contenido se incorporaban
tanto aspectos relacionados con la política económica como los fiscales y de seguridad
social, junto a otros de carácter estrictamente salarial. Posiblemente lo más destacable sea
su carácter de legitimación de la política económica que el gobierno socialista estaba llevando
a cabo, entre cuyas medidas figuraba el fomento generalizado de la contratación
temporal.
Los efectos de la política económica desarrollada por el gobierno, en el contexto de la
inminente integración en la entonces Comunidad Económica Europea, especialmente en
el ámbito del empleo pero también en relación a la Seguridad Social -como la decisión de
una reducción de las pensiones contributivas en 1985-, agudizaron el clima de contestación
social y la escasa aplicación de los compromisos adoptados en el AES que, de hecho, se convirtió
en el último acuerdo social general que caracterizó a la transición a la democracia.
La integración en Europa y la unidad de acción sindical
A mitad de los años 80 la economía española se incorporó a un período expansivo que
ya se estaba desarrollando en el conjunto de los países europeos, aunque con mayor retraso
debido a los efectos de las políticas de ajuste económico antes comentadas. La orientación
estabilizadora y antiinflacionista de las medidas adoptadas por los gobiernos socialistas,
junto a otras dirigidas a la liberalización de distintos sectores económicos y a la privatiza-
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