publicación - CCOO

LAS COMISIONES OBRERAS Y LOS PROCESOS MIGRATORIOS
cuentemente el trabajo se llevo a cabo en lo que hoy día se designaría como sector informal
de la economía y otras veces los empresarios no han cotizado a la Seguridad Social por el
tiempo trabajado. En un estudio sobre trabajadores mayores que han permanecido en
Europa (Ubaldo Martínez Veiga (dir) «Situaciones de exclusión social de los inmigrantes
españoles ancianos en Europa», Faceef, París 2000), aparece un perfil del trabajador español
que ha emigrado a Europa que llama bastante la atención. Se trata de personas que
empiezan a trabajar en España muy jóvenes, con 13,5 años de edad de media (entre ellos
el 22% lo hace antes de cumplir los 10 años) y también salen del mercado de trabajo muy
jóvenes (un 50% lo hace antes de la edad de jubilación). Lo que ha ocurrido es que las regulaciones
de empleo y las reconversiones industriales llevan frecuentemente al despido y
desempleo que se enmascara frecuentemente bajo la idea de la prejubilación o del seguro
de invalidez. Con ello lo que se consigue es que una generación entera de trabajadores haya
conseguido insertarse en lo peor de dos mundos laborales diferentes. En su país comienzan
a trabajar muy jóvenes, con lo cual se le niega el acceso al más elemental capital humano
necesario para obtener un empleo decente. A ello hay que unir el hecho de que los años trabajados
en España no se reconocen a efectos de jubilación. Por otra parte, se ven forzados
a salir temprano del mercado de trabajo en el país de inmigración con lo cual la carrera laboral
se corta frecuentemente en el momento en que los salarios son o pueden ser más elevados.
Aparece aquí una especie de injusticia estructural que es fruto de lo que en estos
momentos se llama globalización y que ocupa un lugar central en las preocupaciones que
los trabajadores presentan al sindicato, como han mostrado muy bien Ana Fernández
Asperilla y Coro Lomas Lara («Emigración y vida laboral: la correspondencia como fuente
de documentación histórica», Ofrim, Junio de 2001).
En las interpretaciones al uso se suele afirmar que hacia mitad de los ochenta España ha
dejado de ser un país de emigración para convertirse en uno de inmigración. Aunque los
problemas son mucho más complejos y, sobre todo a nivel local, se venían produciendo
sustituciones de trabajadores españoles por inmigrantes por lo menos desde finales de los
sesenta, sin embargo es evidente que la llegada de trabajadores de los países más pobres se
ha acelerado mucho a partir de principio de los ochenta. Esto ha llevado a una intensa actividad
legislativa por parte de los diversos gobiernos con el récord de la elaboración de dos
leyes diversas en el espacio de meses.
La primera ley (4/2000) reconocía una serie de derechos a los extranjeros que no tenían
por qué ser reconocidos porque debería considerarse que van unidos a la condición de ser
humano y de trabajador. Se trataba del derecho a la tutela judicial efectiva, a la educación
de los menores, a la sanidad, el derecho de huelga y a la reagrupación familiar. También se
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