publicación - CCOO

ACTUALIDAD
1. La solución de los desequilibrios personales y territoriales en el Estado de las
Autonomías
En el Estado español subsisten importantes diferencias en la distribución de la renta entre
Comunidades Autónomas y dentro de cada una de ellas. Diferencias extensibles a la mayoría
de los países, por lo que no cabe atribuirlas a ningún sistema específico de administración
(centralizado o descentralizado). Así, con independencia de la forma elegida en la distribución
de las competencias administrativas, deben ser reducidas de forma progresiva
para mejorar la cohesión social y económica interna, y avanzar en la convergencia real con
las sociedades más avanzadas de la Unión Europea.
El conjunto de medidas de política económica debe elevar la calidad de vida de los ciudadanos
a través de una distribución más justa de la renta generada y su posterior redistribución
mediante el sistema fiscal (ingresos y gastos). Dentro de esta política, la iniciativa
pública debe contribuir a solucionar los desequilibrios gastando de forma eficiente los
recursos económicos suficientes para afrontar ese reto, recursos que deben haber sido obtenidos
mediante un reparto justo de los esfuerzos entre los ciudadanos (equidad horizontal,
vertical y territorial en el sistema tributario).
El objetivo global de crecimiento debe estar acompañado de un avance más intenso en
los territorios menos favorecidos, para lo que es imprescindible ampliar y mejorar su tejido
productivo. Un objetivo de mayor crecimiento al que se debe unir la garantía de que todos
los ciudadanos españoles con necesidades parecidas puedan acceder a un nivel parecido de
servicios públicos con un esfuerzo fiscal similar. El acceso a esta renta en especie prestada a
través de los bienes y servicios públicos (sanidad, educación, pensiones, vivienda, servicios
sociales, etc.), además de mejorar la igualdad de oportunidades de los individuos para
afrontar en mejores condiciones el futuro, implica una mejora de su renta efectiva que
compensa en parte la peor distribución inicial.
Esta conjunción de problemas y retos, comunes a buena parte de las naciones, en el caso
español se debe asumir dentro de un territorio común en el que conviven diferentes administraciones
con una peculiar distribución de competencias. De acuerdo al pacto político
constitucional que mandató la construcción del Estado de las Autonomías, todas las Administraciones
(Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales) deben involucrarse en esta tarea, debiendo tener garantías para ejercer sus
derechos, a la vez que se les exige el cumplimiento de las correspondientes obligaciones.
En esta distribución de funciones entre jurisdicciones se debería añadir en breve el
papel a desempeñar por la Unión Europea. Dentro de una apuesta por lograr una mayor
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