publicación - CCOO

on que hacer frente a una dramática tesitura. La reivindicación de libertades políticas y
sindicales coincidía con la necesidad de hacer frente a un importante número de despidos,
debidos a los efectos de la crisis económica más que a lo que en aquel momento se calificó
como una «huelga de inversiones» como reacción patronal al proceso de democratización.
Difícilmente se puede negar el importante papel que jugaron los sindicatos de clase en este
período, en el que había que construir un marco democrático de convivencia y en el que
no existía un sistema de relaciones laborales normalizado ni de reconocimiento mutuo de
los diferentes agentes sociales. Merece recordar la tardía creación de la CEOE con los restos
del aparato del sindicato único, con fuertes disensiones internas, así como los diferentes
modelos sindicales que se manifestaron con la reaparición de la UGT en el escenario
laboral y las distintas ópticas y relaciones de los sindicatos con los partidos políticos, especialmente
el PCE y el PSOE.
Los acuerdos sociales generales
JORGE ARAGÓN
Si algún hecho ha sido emblemático en el proceso de transición a la democracia de la
sociedad española, éste ha sido la firma de los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977.
Un acuerdo firmado por el gobierno de UCD y los representantes de los principales partidos
políticos parlamentarios y que según su propio texto se justificaba por la gravedad de
la situación económica y por la necesidad de hacerla frente en el marco de una economía
de mercado, así como por la exigencia de repartir los costes de la crisis entre los diferentes
grupos sociales de manera equitativa. En su contenido se desarrollan básicamente una serie
de medidas económicas a corto plazo, de carácter estabilizador, con especial referencia a la
evolución de los salarios y la inflación, aunque al mismo tiempo se incorporan un importante
número de reformas estructurales de medio y largo plazo. No en vano, en sus nueve
capítulos se abordan temas relacionados con los salarios, precios, empleo, seguridad social,
política educativa, vivienda, sistema financiero, reforma fiscal, control del gasto público o
política energética, agraria, pesquera y de comercialización. Es de subrayar que junto a las
medidas de política económica se incorporara un programa de actuación jurídica y política
referido a la libertad de expresión, derecho de reunión y de asociación política, código
penal y código de justicia militar, orden público y reorganización de los cuerpos y fuerzas
de orden público.
Aunque su desarrollo fue escaso y en 1979 el gobierno de la UCD volvió a la política de
topes salariales y abandonó la mayoría de los compromisos acordados, adoptando un pro-
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