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Hoy somos herederos consecuentes de los que se organizaron y consiguieron estos objetivos, cuando decimos que nuestro futuro como sindicato está vinculado a la senda que nos trazaron: convertir reivindicaciones y conquistas laborales en reivindicaciones y logros de interés general. Dufy. Carteles en Trouville
Estamos bastante habituados, al menos en nuestro país, a ver cómo se ponen en solfa determinadas instituciones o políticas, cada vez que se afronta la necesidad o posibilidad de su reforma. Así ocurre, por ejemplo, cuando se aborda una reforma de algunas modalidades del contrato de trabajo, alguna faceta del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social o el modelo de relaciones laborales que se conoce como «negociación colectiva». Estas instituciones, del llamado Estado Social, son, paradójicamente, objetos de reforma por la importancia de su durabilidad y no por su predicada obsolescencia. De hecho, tienen una prolongada historia en nuestro viejo continente y, como hemos dicho muchas veces, han sido pilares de cohesión y de estabilidad. Surge el derecho del trabajo por un proceso de diferenciación jurídica, ya que ni el derecho romano ni el civil daban al Estado capitalista de corte liberal técnicas jurídicas para regular los conflictos entre trabajo y capital cuando se generalizaba el trabajo libre y, sin embargo, prestado en una organización productiva cuyo gobierno se atribuye al empresario. Con la misma función estabilizadora y pacificadora, tanto en el ámbito económico como en el social, surgen los sistemas de Seguridad Social (prolongación de la capacidad de consumo más allá de la relación asalariada y seguridad de las personas) que se convierten en un paquete de derechos subjetivos de ciudadanía, cuyo disfrute en unos casos sigue anclado en la relación laboral (cotizaciones sociales) y en otros en la mera pertenencia a una comunidad política (impuestos generales). El sistema de relaciones laborales, basado en la práctica de la negociación colectiva, se compone de bases jurídicas e institucionales para armar la reglamentación del conflicto capital/trabajo y dar racionalidad positiva a la conjunción del esfuerzo del trabajador por mejorar su situación y de la empresa por ganar cuota de mercado. Cada vez que se aborda una reforma, aunque nimia, de alguno de estos capítulos del ordenamiento jurídico se predica con virulencia su rigidez, su obsolescencia y su inoperatividad, como causas del desastre de la economía, nada evidente por otra parte, y de la generación de una sociedad sin impulso, rehén y dependiente del sector público y de la política. Ni una ni otra cosa son verificables. Nuestra economía ha dado un gran salto y mantiene tasas de crecimiento superiores a la media de las de las economías de nuestro entorno y nuestra sociedad –incluyendo trabajadores y empresarios– ha dado pruebas de suficiente dinamismo y capacidad de transformar el país, eso sí, desde que el sistema político democrático les ha permitido jugar libremente con sus aptitudes y capacidades. Porque para optimizar capacidades hay un ingrediente básico e inexcusable: la libertad. Ha sido la libertad, la democracia formal, y no otra, la semilla del progreso en nuestro GACETA21 SINDICAL
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