publicación - CCOO

ACTUALIDAD
unidad política, la administración europea debería incorporar en un breve plazo como
mínimo plenas funciones en política exterior o defensa. Una situación sólo realizable después
de cesiones nacionales en la soberanía de la ampliación del presupuesto comunitario
y de la configuración de un sistema tributario propio con impuestos compartidos.
Siendo coherentes con la decisión política de construir un Estado de las Autonomías y,
por tanto, desde un escenario descentralizado en el desarrollo de las competencias en los
límites marcados por la propia Constitución, en los últimos años se ha producido un
amplio y profundo proceso de traspaso de competencias en materia de gasto desde el
Estado hacia las haciendas autonómicas. Un proceso que a la vista del volumen de las políticas,
su importancia para los ciudadanos y el carácter de exclusividad en su aplicación concedido
a las Comunidades Autónomas, en la práctica ha configurado España como un
Estado federal.
El proceso ha configurado una nueva estructura política, pero su funcionamiento tiene
lagunas en términos de eficiencia. El proceso de traspasos ha sido bastante descoordinado,
con acciones inconexas y en muchos casos contradictorias, negociando y renegociando los
costes de las políticas transferidas, a la vez que se aprobaban planes de saneamiento en otras
materias, como es el caso de la sanidad 1 . En paralelo, se demoraba la construcción de un
sistema de financiación estable.
La experiencia acumulada muestra una dependencia financiera de las haciendas autonómicas
prolongada durante demasiado tiempo, en el que estas últimas han rehuido asumir
el peso político de aplicar los impuestos, aun a pesar de querer gastar mayores recursos
económicos. Esta actitud, justificada en parte por la ausencia de una descentralización real
en materia de ingresos pero en la que también se reconoce su falta de interés por utilizar
todos los mecanismos disponibles, ha generado muchas presiones sobre el gobierno central
con un resultado de duplicidad del gasto, merma de eficacia y eficiencia en su aplicación
y excesivo endeudamiento de los entes territoriales.
Los gobiernos autonómicos están atrapados entre su promesa de mantener o incluso
rebajar los impuestos y las demandas de los ciudadanos para mejorar los servicios públicos.
Una situación nada fácil a la que hay que añadir su nueva obligación de contribuir a cumplir
con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, que limita la aparición
de déficit a situaciones excepcionales y los cuantifica en un porcentaje reducido del PIB.
1 Procesos de saneamiento en sanidad en 1983, 1989,1992, 1994 y 1998 son ejemplo de lo que
GONZÁLEZ PÁRAMO (2001) denomina «restricción presupuestaria blanda».
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