publicación - CCOO

ANTONIO BAYLOS
anular la incidencia de la huelga, pero su carácter esencialmente defensivo se convertía, a través
del logro de una interpretación consecuente, en el fortalecimiento del derecho de huelga.
La situación regulativa no era sin embargo nada satisfactoria, porque existe evidentemente
una brecha entre el reconocimiento constitucional de la huelga y lo que ello
implica en el plano normativo, y la regulación legal –con la interpretación judicial que la
modula– todavía vigente. Por eso en 1992, dando la vuelta a una propuesta del gobierno
entonces socialista sumamente restrictiva, CC.OO. y UGT lograron entablar una negociación
muy especial de un texto legislativo de desarrollo del art. 28.2 CE, a través de
acuerdos logrados con los grupos parlamentarios, principalmente socialista y de
Izquierda Unida. El Proyecto de Ley Orgánica de Huelga (PLOH) vino precedido de un
trabajo muy intenso entre el movimiento sindical y expertos universitarios laboralistas,
que llegaron a elaborar un dictamen proponiendo una regulación independiente del derecho
de huelga en los servicios esenciales, como manifestación muy específica de la fórmula
constitucional. El texto sobre el que hubo acuerdo con los sindicatos era por el contrario
una norma «completa» en el sentido que regulaba el derecho de huelga en su conjunto,
para sustituir al DLRT. En la parte relativa a la huelga «común», la que no se desenvuelve
en el área pública, el PLOH venía a incorporar la mayoría de las indicaciones del
Tribunal Constitucional a través de sucesivos recursos de amparo; la regulación que hacía
de la huelga en los servicios esenciales, recogía en lo sustancial la aportación de los sindicatos
en el documento de los llamados expertos, que en resumen imponía un método
negocial de fijación de las prestaciones imprescindibles en unos servicios esenciales listados
por ley, y con un órgano imparcial –una agencia– con funciones de orientación y decisión
sobre las prestaciones mínimas a mantener durante la huelga, muy en la línea de la
ley italiana de 1990.
La aportación sindical a la nueva regulación resultaba muy relevante. En el texto proyectado
se notaba que la iniciativa en su confección y orientación la había sostenido la acción unitaria
de las dos confederaciones de ámbito estatal. Era además una propuesta normativa que
se atenía al sistema de huelga-derecho plasmado en la Constitución y que por tanto permitía
la normalización democrática del desarrollo legislativo de este derecho fundamental. Desde
el punto de vista de la estrategia sindical, en especial la de CC.OO., se había producido un
cambio importante, puesto que se había pasado de una defensa firme de la autorregulación
sindical a llegar a aceptar una ley reguladora del derecho, conduciendo eso sí los términos de
los contenidos de la misma y reforzando en materia de servicios esenciales un amplio espacio
para la regulación pactada de las prestaciones indispensables a mantener en materia de huelga,
donde los «códigos» de conducta del sindicato podían insertarse fácilmente.
GACETA204 SINDICAL