publicación - CCOO

ORIGEN Y ASCENSO DE LA COMISIONES OBRERAS BAJO EL FRANQUISMO
productiva implicó una reorganización social en la medida en que supuso una nueva experiencia
y produjo nuevos mecanismos de relación a partir del vínculo del trabajo (Babiano,
1995).
Sería sobre todo en las grandes compañías y en las zonas industriales del país donde a
partir de 1952 y 1953 comenzaron a emerger comisiones de trabajadores que expresaban
reivindicaciones elementales sobre sus salarios y condiciones laborales (la dotación de ropa
de trabajo o el simple arreglo de unos cristales rotos por los que entraba frío en el taller, por
ejemplo). A veces lo que se reclamaba no era sino el cumplimiento de algunas garantías
establecidas en la propia legislación franquista y que los propios patronos escamoteaban.
En general, el marco de su actuación se reducía al ámbito del taller o como máximo del centro
de trabajo, si exceptuamos la Comisión Provincial del Metal que se configuró momentáneamente
en la primavera de 1956 con ocasión de la huelga del sector en Vizcaya. Además,
una vez hecha la gestión para la que se constituían e independientemente de los resultados
obtenidos, estas comisiones solían disolverse.
En estos años, más que en una comisión formalmente elegida en asamblea, debemos
pensar en un grupo compuesto por aquellos trabajadores que, con la aquiescencia de sus
compañeros, estaban dispuestos a correr el riesgo de desafiar al patrón subiendo a las oficinas
a plantear sus quejas o de presentarse en los locales del sindicato vertical para hacer llegar
sus reclamaciones a los burócratas.
De manera sistemática, entre los trabajadores que configuraban la comisión había militantes.
En su mayoría se trataba de militantes jóvenes del Partido Comunista, cuya militancia
no estaba fundamentalmente ligada a la Guerra Civil o a la experiencia guerrillera
clausurada a comienzos de los años cincuenta. También participaban militantes de las
organizaciones de la Acción Católica (la HOAC y la JOC), cuyo compromiso cristiano les
llevaba a implicarse en los problemas del mundo del trabajo (Babiano, 1995b).
Por otro lado, las elecciones convocadas por los sindicatos verticales para jurados de
empresa, que tendrían lugar por primera vez en 1953 y 1954, brindaron la ocasión para
tratar de organizar candidaturas alternativas a las presentadas por las empresas y los burócratas
de la Organización Sindical. El proceso de constitución de estas candidaturas alternativas
sirvió también para agrupar comisiones de trabajadores. De hecho, en las elecciones
sindicales de los años sesenta, celebradas en 1960, 1963 y 1966, estos procesos se extenderían,
de manera que, sobre todo en 1966, muchos enlaces y jurados fueron hombres y
mujeres de Comisiones Obreras. Así, el aparato institucional de la dictadura ofreció una
oportunidad para actuar de una manera legal desde los puestos obtenidos en las elecciones.
Paralelamente, en 1958, el régimen aprobó una ley de convenios colectivos. Si hasta
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