publicación - CCOO

UBALDO MARTÍNEZ VEIGA
estipulaba que la denegación de visado debe ser justificada y se proponía un mecanismo de
regularización permanente, así como los permisos de residencia renovables periódicamente
hasta llegar a los cinco años. También se continuaba con los contingentes. Esta ley
entró en vigor en febrero de 2000. En diciembre del mismo año el partido en el gobierno
utilizó su mayoría para aprobar la ley (8/2001) en donde se recortan derechos aprobados
diez meses antes. Entre otros se recortan a los inmigrantes indocumentados los derechos
de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga. Además se elimina el mecanismo
de regulación automática, se modifica el régimen disciplinario para poder internar
y expulsar extranjeros sin permiso de residencia y se elimina la obligatoriedad de la motivación
en las denegaciones de visado.
En la justificación de este cambio legal se utiliza profusamente tanto por parte del
ministro del Interior como del delegado del Gobierno uno de los conceptos más vagos,
confusos y poco operacionalizables como el de «efecto llamada». En realidad era una especie
de concepto vacío para descubrir y describir todos los problemas que trae la inmigración
como teniendo su origen en la ley anterior.
De todas maneras, el problema planteado al sindicato por la ley es la supresión con respecto
a los trabajadores inmigrantes indocumentados de los derechos fundamentales de
todo trabajador, reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga. La lucha por
estos derechos que eran denegados en el estado fascista constituyó una de las tareas fundamentales
de las Comisiones Obreras en sus inicios. En una encuesta publicada en Cuadernos
para el Diálogo (nº XI, Extraordinario 1968) que se refería a la futura ley sindical,
Eduardo Saborido, a la sazón vicepresidente de la sección social del Sindicato del Metal de
Sevilla, contestaba: «Los trabajadores sevillanos exigen que el nuevo sindicato sea único,
independiente de los patronos y del estado, democrático a todos los niveles, y con los derechos
de huelga laboral, expresión, reunión y prensa plenamente reconocidos». Julián Ariza,
a la sazón ex vocal del jurado de empresa de Perkins y ex vocal de la sección social del Sindicato
del Metal de Madrid, dice: «No creo que sea correcto el planteamiento de una ley
sindical, a mi entender, lo que debería presentarse a las Cortes es una nueva ley de asociaciones,
en la que se reconociera la plena libertad de asociación a todos los españoles
incluidos, claro está, los trabajadore». No pensamos que haya que forzar mucho el texto y
la idea para hablar de plena libertad de asociación a todos los trabajadores incluidos los
extranjeros indocumentados que viven en nuestro país. Con este planteamiento curiosamente
volvemos más de treinta años hacia atrás en la historia de nuestro país, pero también
se establece una continuidad en la lucha de los trabajadores por sus derechos, teniendo en
cuenta que el ser trabajador es algo que va mucho más allá de la nacionalidad, es una cate-
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