publicación - CCOO

COMISIONES OBRERAS Y LA HUELGA: MODOS DE EMPLEO
festó activamente a favor de la Constitución, que reconocía en sus arts. 7 y 28 esta orientación.
Sin embargo en la regulación española del derecho de huelga se presenta una grave anomalía.
Durante la transición política se promulgó un Decreto-Ley que reconocía por vez
primera la huelga como medida de presión en el marco de un conflicto laboral, pero que
rezumaba limitaciones y restricciones al ejercicio de este derecho. Por eso, en cuanto
comenzó a andar el Tribunal Constitucional se sometió a su juicio de inconstitucionalidad
la regulación que contenía esta norma predemocrática. Este alto Tribunal, posiblemente
con el horror al vacío legal que tienen los juristas y seguramente también para evitar que la
alternativa de CC.OO. sobre autorregulación sindical de la huelga deducida de los principios
recogidos en la Constitución y aplicables directamente tuviera un amplio espacio de
actuación en la realidad social, convalidó la regulación predemocrática, depurándola conforme
a la Constitución ciertamente, pero reconociendo a la postre que el derecho fundamental
de huelga proclamado en la Constitución se veía desarrollado por un texto legal
postfranquista. El Tribunal Constitucional derogó por ser directamente incompatibles con
la Constitución algunos preceptos del DLRT, pero en la gran mayoría de los supuestos realizó
una operación interpretativa según la cual el precepto en cuestión sería constitucional
si era interpretado en la manera que la sentencia constitucional establecía. De esta manera,
la «interpretación conforme a la constitución» del DLRT se convirtió en verdadero elemento
clave en la regulación del derecho de huelga, terreno en consecuencia de sucesivos
fallos judiciales, en especial del propio Tribunal Constitucional.
No creo que sea exagerado afirmar que en este terreno la acción de CC.OO. a través de
sus servicios jurídicos ha sido realmente decisiva a la hora de ir conformando el marco jurídico
e institucional en el que la huelga ha ido ganando con dificultad el espacio democrático
que promete la Constitución – y que la regulación legal le impide cumplir-. Lo ha sido
en la ampliación decisiva de los límites al ejercicio del derecho de huelga –huelgas de solidaridad,
contra convenio, huelgas generales de contenido sociopolítico– y en otros muchos
aspectos de la regulación concreta del derecho de huelga, pero en especial en materia de servicios
esenciales, es difícil encontrar una sentencia del Tribunal Constitucional en el que éste
anulara las decisiones del gobierno en la imposición de servicios mínimos en donde el recurrente
no sea CC.OO. Quiere decirse con ello que el marco regulador de la huelga debe
mucho a la capacidad del sindicato de plantear en el plano jurídico sus argumentos sobre la
formulación político-institucional que debería tener el ejercicio de un derecho fundamental
como el de huelga. Este tipo de actuación se realizaba sin embargo a contramano, reaccionando
frente a actos del empresario o de los poderes públicos que buscaban restringir o
GACETA203 SINDICAL