publicación - CCOO

COMISIONFS OBRERAS Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA: UNA CONTRIBUCIÓN INFRAVALORADA
rávit de casi medio billón de pesetas para incentivos a las empresas y otros fines distintos
a la acción protectora de las personas paradas.
En cuanto al derecho de huelga cabe recordar que sigue regulado por un decreto pre-
democrático de marzo del 77 y la abundante jurisprudencia posterior a la Constitución
—pero tan variada que a veces es contradictoria—, debido a que el presidente Felipe Gonzá-
lez decidió disolver las Cortes en la misma semana en la que estaba prevista la sanción defi-
nitiva del Parlamento a una Ley de Huelga que había sido negociada con su propio grupo
parlamentario —al que él mismo nos remitió para dicha negociación tras aquel último conflicto—,
minuciosamente elaborada para dotarla de un gran equilibrio entre el ejercicio del
derecho y el cumplimiento garantizado de servicios mínimos en los servicios esenciales
para la comunidad. Un texto perfectamente válido en el presente y que sigue durmiendo
el sueño de los justos porque tampoco el actual gobierno ha querido retornarlo.
La flexibilidad laboral entendida como desregulación de derechos y precarización del
empleo tuvo su máximo exponente en la reforma laboral de 1994, que de nuevo desenca-
denó la última huelga general realizada hasta el momento, la del 27 de enero del 94. En
esta ocasión, el gobierno no quiso abrir ningún espacio de negociación.
No obstante, los sindicatos, tantas veces acusados de arremeter contra los gobiernos
socialistas por ocultas razones «políticas», no tuvimos otra intención que la de recuperar los
ámbitos de negociación perdidos con el gobierno cualesquiera que hubieran sido las dife-
rencias anteriores. Y menos dejarnos llevar por el vendaval opositor que se desató contra él
durante la última de sus legislaturas. Así, pudimos realizar nuevos acuerdos puntuales con
el gobierno de Felipe González en el mismo año 94 sobre revalorización de las pensiones,
retribuciones de empleados públicos, Plan de Empleo Rural, etcétera.
Pero si la economía recuperaba su pulso, la situación política se degradaba a pasos agi-
gantados. Más que la legítima oposición a un gobierno se llegó a dar la sensación de estar
asistiendo a la deslegi ti mación del sistema democrático, lo que enfrascaba la vida política
e institucional en una crispación creciente y paradójicamente paralizante. Y las negativas
consecuencias de todo ello empezaban a sentirse en el desaprovechamiento de las nuevas
oportunidades para el empleo que aportaba el incipiente ciclo alcista de la economía.
Por primera vez, los agentes sociales no permanecimos atentos, preocupados pero pasi-
vos a las espera de que escampara la tormenta política, sino que adoptamos una iniciativa
conjunta para dirigirnos al gobierno y a todos los partidos parlamentarios trasladándoles
nuestras inquietudes e instándoles a encauzar una salida del atolladero en el que todos,
fuerzas políticas, sociales y la sociedad en general nos encontrábamos. Y quisimos predicar
con el ejemplo adelantándonos a pergeñar un temario de negociación, sus formas y ritmos.
GACETA 79 SINDICAL