publicación - CCOO

ANTONIO BAYLOS
meno clave de la autonomía social que expresa un interés colectivo de clase con el derecho
estatal y la regulación contractual del mercado, marcará genéticamente la institucionalización
futura de esta figura.
La historia de este proceso de reconocimiento es peculiar de cada nación, en virtud de
las diferentes condiciones históricas que han generado un tipo de relaciones entre el sindicato
y el Estado, la empresa y el sistema económico, y que han culminado en una construcción
social determinada del fenómeno sindical y de su cultura. En el caso español, los
cuarenta años de dictadura franquista como salida a la guerra civil han marcado decisivamente
el tipo de construcción social del sindicalismo democrático posterior. En efecto, el
sistema sindical previo a 1936 tenía unos rasgos caracterizadores que habrían de desaparecer
tras la larga noche de piedra del franquismo. La represión antisindical que éste llevó a
cabo de forma sistemática se traducía en un marco normativo que hacía de los sindicatos
libres asociaciones ilícitas, de la huelga un delito de lesa patria, como acto sedicioso contra
la autoridad del Estado, y de la actuación reivindicativa en los lugares de trabajo un acto
contra el orden público y un supuesto de despido procedente.
De esta manera, la construcción de un sistema democrático suponía necesariamente la
inversión radical de esta construcción legal antisindical y antihuelguística, mediante el
reconocimiento constitucional del sindicato y de los derechos de libre sindicación y de
huelga, acompañada de una amnistía laboral que reparara en lo posible los efectos conjuntos
del autoritarismo político y patronal, coincidentes ambos en la negación de los derechos
ciudadanos de los trabajadores. En lo que respecta a la huelga, su reconocimiento
como derecho fundamental en la Constitución implica la inserción de este fenómeno de
revuelta social en un ordenamiento democrático que le asigna la cualidad de un derecho de
ciudadanía, un derecho de participación en un amplio sentido, que marca un cambio decisivo
respecto de la valoración por el Estado y el ordenamiento jurídico en su conjunto de
dicho fenómeno. Se impone así una visión positiva del conflicto en una sociedad pluralista
–aunque de economía de mercado– que estabiliza al conflicto laboral como un elemento
funcional al desarrollo del sistema de relaciones laborales y dinamizador del mismo. El
derecho de huelga parece conectado al principio de igualdad en el sentido de que constituye
un elemento central en el proceso de consecución progresiva de la igualdad material
con el que se comprometen los poderes públicos y en el que los trabajadores participan con
sus medios de acción positivos. Un proceso de nivelación social que se proyecta gradualmente
en el tiempo, pero que mantiene como objetivo la emancipación de los ciudadanos
y la remoción de las desigualdades económicas y sociales que se lo impiden. El sindicalismo
de clase español apoyó esta formulación político-jurídica del derecho de huelga, y se mani-
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