publicación - CCOO

HÉCTOR MARAVALL GÓMEZ–ALLENDE
compromisos de los Pactos de la Moncloa: participación sindical en las Juntas de Precios,
en los órganos de gestión de la Seguridad Social, en la empresa pública, en el INEM y en
las oficinas de colocación y la equiparación de los trabajadores agrícolas al régimen general
de la Seguridad Social.
Como marco general, CC.OO., en línea con lo defendido por el PCE, propuso un
nuevo Acuerdo Político y Económico, en torno a un Plan Económico que atacara el paro
y la inflación, que aumentara la inversión pública y privada, que reconvirtiera la economía
de manera más racional y nacional; siendo esta la primera aproximación del sindicato a lo
que después sería el Plan de Solidaridad Nacional contra el Paro y la Crisis.
La jornada se saldó con un fracaso y en los meses posteriores seguimos con las mismas
propuestas, considerando el Consejo Confederal de diciembre del 78 que la propuesta del
gobierno de un acuerdo sindicatos, patronal y gobierno «sería una fórmula de pacto social,
económicamente ineficaz, socialmente injusto, sindicalmente desastroso y políticamente
indeseable, alejaría a los trabajadores de la democracia, contribuyendo a la debilidad de ésta
y no resolvería la crisis».
El año 1978 terminó con un bloqueo de las negociaciones, un creciente enfrentamiento
entre el gobierno y CC.OO. y por el contrario en una aproximación entre UGT y la patronal,
con el visto bueno del gobierno.
Podemos decir que en esos meses se inició un paulatino proceso de radicalización y aislamiento
de CC.OO., que duró hasta el golpe de estado del 23–F. , que sin duda hoy es más
fácil de percibir que en aquellos momentos y que obedeció a causas complejas.
Para una mejor comprensión de nuestras posiciones sindicales en aquellos momentos,
puede ser oportuno recordar algunas cuestiones.
En primer lugar, la posición de una gran parte del empresariado español, interlocutor
esencial y primario en nuestro trabajo cotidiano, era de claro rechazo de la presencia sindical
no sólo en las empresas sino en la vida política y económica del país. Tras 40 años de
cómodas relaciones con el sindicalismo vertical y de utilización de la policía y de los despidos
frente a los sindicalistas y las movilizaciones obreras, afrontar un proceso de democratización
de las relaciones laborales y sindicales era un cambio muy difícil de aceptar.
Hay que reconocer que instituciones como la APD (Asociación para el Progreso de la
Dirección) jugaron un papel activo y positivo para ir haciendo entrar en razón a muchos
empresarios y jefes de personal. Esta asociación organizó decenas de actos por toda España,
sobre todo en el periodo 78–80, a los que invitaba como ponentes a los sindicatos, a la
patronal y al gobierno. Con mucha frecuencia los coloquios consistían en improperios del
público contra los sindicatos, contra los políticos, contra Adolfo Suárez; referencias cons-
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