publicación - CCOO

COMISIONES OBRERAS Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA: UNA CONTRIBUCIÓN INFRAVALORADA
tareas sindicales más importantes—la negociación de los convenios colectivos por ejemplo—
exactamente igual que los afiliados. Y crea una disfunción entre las responsabilidades que
se derivan de la alta tasa de representatividad y el sostenimiento de los sindicatos a cargo de
una afiliación que es sensiblemente menor. Pero este problema no debería resolverse muti-
lando la negociación de eficacia general, estableciendo convenio de eficacia limitada que
discrimine a los trabajadores por su afiliación a un sindicato u otro, sino por otros medios.
Además de las correcciones necesarias para equilibrar mejor las competencias entre el sin-
dicato y los comités de empresa —que a su vez se nutren y sostienen gracias a los sindicatos—
para que aparezca con más claridad ante los trabajadores el decisivo papel que juegan las
centrales sindicales en la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo, son también nece-
sarias otras medidas institucionales que reconozcan tangiblemente la útil contribución
social de los sindicatos y de paso se salden algunas deudas de las que son acreedores desde
el inicio de la andadura democrática de España.
En la mayoría de los países europeos se entendió la necesidad de tener sindicatos fuer-
tes, como piezas fundamentales para la reconstrucción de la democracia en aquellos países
tras la Segunda Guerra Mundial. Así, se les facilitaron generosamente los medios necesa-
rios para su instalación y funcionamiento; con distintas fórmulas según los casos, también
se establecieron mecanismos legales para la financiación complementaria de sus activida-
des siguiendo el esquema utilizado para los partidos parlamentarios y participaron desde
los primeros tiempos en la gestión efectiva de la Seguridad Social y de otros sistemas de pro-
tección social, lo que supuso un impulso considerable de la afiliación sindical. Sin
embargo, en España tras estar en primera línea de la lucha por la democracia se les dejó en
segundo plano tras su reinstauración. La devolución del patrimonio sindical acumulado
con la cuotas obligatorias al sindicato vertical se empezó a devolver muy tarde —con cuen-
tagotas a partir de 1981— y aún no se ha zanjado —más del 70% de los bienes inmuebles del
vertical se han quedado en el patrimonio de la Administración, y de todos los demás acti-
vos, como la obra social por ejemplo, no se ha entregado nada a los sindicatos—. No existe
nada que se le parezca a las vías de financiación de los partidos con representación parla-
mentaria —tan sólo una partida presupuestaria que viene desde el Acuerdo Nacional para
el Empleo de 1981, congelada en distintos períodos y ridícula cuantitativamente, aunque
encima se aluda con frecuencia e insidiosamente a la financiación de los sindicatos con
cargo al erario público—. Y la participación institucional en los organismos de la Seguridad
Social u otras entidades no pasan de la simple formalidad sin capacidad efectiva de incidir
en su funcionamiento.
Más reveladora de la asimetría entre la aportación sindical a la consolidación de la
GACETA 69 SINDICAL