publicación - CCOO

JORGE ARAGÓN
riores, que colaboraron a paliar la falta de competitividad exterior de la economía española,
sino de ocultar el escaso crecimiento del empleo asociado a este modelo de crecimiento –en
gran medida por la implantación de tecnologías desarrolladas en el exterior fuertemente
ahorradoras de trabajo- manteniendo el desempleo en niveles muy reducidos.
La falta de competitividad del proceso de industrialización de los 60, apoyado en los
mecanismos de equilibrio exterior comentados, estuvo también parcialmente compensada
por mecanismos internos de control de la actividad económica entre los que cabe destacar,
como características propias del marco político de la dictadura, la prohibición de los sindicatos,
de la negociación colectiva y del ejercicio del derecho de huelga, así como la aplicación
de un continuado intervencionismo estatal en las relaciones laborales mediante
diferentes normas, desde las Ordenanzas Laborales a los decretos sobre topes salariales, que
supusieron una notable restricción en el funcionamiento del mercado de trabajo concebido
desde una óptica democrática.
Así, la aplicación de una política de rentas autoritaria fue una constante desde mediados
de los años 60 hasta el inicio de la transición democrática. Los intentos de controlar la espiral
inflacionista mediante la contención de los salarios se mostraron estériles a medio plazo en una
economía que partiendo de bajos niveles de productividad vivía un fuerte aumento de ésta,
pero limitado a determinados sectores –las empresas más dinámicas o con mayor poder de
mercado- que ampliaban su diferencial de productividad respecto a gran parte del tejido productivo
formado por pequeñas y medianas empresas, alimentando el aumento de los precios.
Junto a estas características de dualismo industrial en la apertura al exterior, crecientes
desniveles tecnológicos y de competitividad y ausencia de libertades democráticas básicas,
es de destacar también la ausencia de estructuras de bienestar social que permitieran la provisión
de bienes públicos y de servicios de protección característicos del Estado de bienestar
imperante en los países europeos del entorno. El sistema fiscal tuvo un escaso desarrollo,
tanto en términos agregados de presión fiscal como de instrumentos adecuados a las
transformaciones económicas y dotados de una cierta progresividad en la recaudación de
los ingresos públicos 3 . El desequilibrio del sector público, a pesar de su escaso desarrollo,
derivó, paralelamente, en mecanismos de financiación de la deuda pública de carácter
fuertemente inflacionista.
Paralelamente, el desarrollo de la empresa pública tuvo un carácter claramente subsi-
3 Junto a elevados niveles de fraude, cabe destacar la inexistencia de un impuesto sobre la renta, en un
sentido estricto, suplantado por un impuesto sobre las rentas salariales con una tarifa única (IRTP) y los
propios efectos inflacionistas del Impuesto sobre el Tráfico de Empresas (ITE) como impuesto indirecto.
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