publicación - CCOO

Estamos bastante habituados, al menos en nuestro país, a ver cómo se ponen en solfa
determinadas instituciones o políticas, cada vez que se afronta la necesidad o posibilidad
de su reforma. Así ocurre, por ejemplo, cuando se aborda una reforma de algunas
modalidades del contrato de trabajo, alguna faceta del Sistema de Pensiones de la Seguridad
Social o el modelo de relaciones laborales que se conoce como «negociación colectiva».
Estas instituciones, del llamado Estado Social, son, paradójicamente, objetos de reforma
por la importancia de su durabilidad y no por su predicada obsolescencia. De hecho, tienen
una prolongada historia en nuestro viejo continente y, como hemos dicho muchas
veces, han sido pilares de cohesión y de estabilidad.
Surge el derecho del trabajo por un proceso de diferenciación jurídica, ya que ni el derecho
romano ni el civil daban al Estado capitalista de corte liberal técnicas jurídicas para
regular los conflictos entre trabajo y capital cuando se generalizaba el trabajo libre y, sin
embargo, prestado en una organización productiva cuyo gobierno se atribuye al empresario.
Con la misma función estabilizadora y pacificadora, tanto en el ámbito económico
como en el social, surgen los sistemas de Seguridad Social (prolongación de la capacidad
de consumo más allá de la relación asalariada y seguridad de las personas) que se convierten
en un paquete de derechos subjetivos de ciudadanía, cuyo disfrute en unos casos sigue
anclado en la relación laboral (cotizaciones sociales) y en otros en la mera pertenencia a una
comunidad política (impuestos generales).
El sistema de relaciones laborales, basado en la práctica de la negociación colectiva, se
compone de bases jurídicas e institucionales para armar la reglamentación del conflicto
capital/trabajo y dar racionalidad positiva a la conjunción del esfuerzo del trabajador por
mejorar su situación y de la empresa por ganar cuota de mercado.
Cada vez que se aborda una reforma, aunque nimia, de alguno de estos capítulos del
ordenamiento jurídico se predica con virulencia su rigidez, su obsolescencia y su inoperatividad,
como causas del desastre de la economía, nada evidente por otra parte, y de la generación
de una sociedad sin impulso, rehén y dependiente del sector público y de la política.
Ni una ni otra cosa son verificables. Nuestra economía ha dado un gran salto y mantiene
tasas de crecimiento superiores a la media de las de las economías de nuestro entorno y
nuestra sociedad –incluyendo trabajadores y empresarios– ha dado pruebas de suficiente
dinamismo y capacidad de transformar el país, eso sí, desde que el sistema político democrático
les ha permitido jugar libremente con sus aptitudes y capacidades. Porque para
optimizar capacidades hay un ingrediente básico e inexcusable: la libertad.
Ha sido la libertad, la democracia formal, y no otra, la semilla del progreso en nuestro
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