publicación - CCOO

ANTONIO GLT.ÉRREZ VEDARA
ción que tenga el día de su realización, sino la expresión de un fracaso en el intento de supe-
rar una situación injusta mediante el diálogo. Pero al mismo tiempo ha sido, es y será tam-
bién el catalizador de nuevos progresos para quienes no quieran instalarse en la injusticia o
en la intransigencia permanentemente. La del 14—D obtuvo un extraordinario respaldo,
pero su éxito tardó en llegar año y medio. Hasta que volvimos a componer una mesa de
negociación con el gobierno y resolvimos por acuerdo las reivindicaciones que nos lleva-
ron a la huelga y algunas más. Entre éstas, por cierto, el derecho de los empleados públicos
a negociar sus retribuciones y condiciones de trabajo. Vulnerado por el gobierno del Partido
Popular al congelar sus salarios en 1997 y vuelto a cuestionar ahora con su negativa a
negociar la aplicación de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional.
Aún se producirían dos choques más con el gobierno del PSOE por asuntos que toda-
vía están por resolver al día de hoy. Sin negociación ni aviso previo, el gobierno aprobó
un decreto en la primavera del 92 por el que se recortaban drásticamente las prestacio-
nes del seguro de paro. Casi simultáneamente presentaba también un proyecto de Ley
de Huelga muy restrictivo e igualmente sin el acuerdo sindical. Por ambas razones se con-
vocó a otro paro general para el 28 de mayo, aunque esta vez de sólo media jornada de
duración. El gobierno se tomó varios meses para responder a la solicitud de nego-
ciaciones girada por los sindicatos tras la protesta. El «decretazo» —forma en que fue bau-
tizado el decreto reductor del seguro de paro— no hubo manera de negociarlo para sua-
vizar sus efectos sobre las personas que habiendo cotizado a la contingencia de desem-
pleo se encontraban de pronto en el paro a consecuencia de la recesión del 92 y some-
tidos a nuevos requisitos para acceder al desempleo, que en muchos casos ya no podían
reunir yen otros suponían una fuerte reducción de la cuantía a percibir y del tiempo por
el que la podrían obtener. Entre sus consecuencias —agravadas aún más por otro recorte
introducido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado
para 1994—está la de tener alrededor de 300.000 personas en paro de larga duración con
responsabilidades familiares y sin seguro de paro ni subsidio asistencial. Los gobiernos
del PP se han negado también a negociar una reforma del sistema de protección al
desempleo sugerida por los propios sindicatos, que sin ánimo de mirar al pasado lo sincronice
mejor con las políticas activas de empleo y gane en equidad atendiendo las pecu-
liaridades de los distintos colectivos laborales que padecen el desempleo. Además de
hacer caso omiso a las propuestas sindicales, ha utilizado este capítulo del gasto para ajus-
tar el déficit público en varios ejercicios. Primero para cumplir con los criterios de con-
vergencia monetaria y después para cuadrar el saldo presupuestario. El resultado final es
una aportación nula del Estado a la protección por desempleo y la utilización de un supe-
GACETA 78 SINDICAL