publicación - CCOO

PALOMA LÓPEZ
les; situación que incorpora un dinamismo social, cultural y económico, generadores de
empleo para la población autóctona.
Quisiera detenerme de una forma más extensa en dos dimensiones, la jurídica y la política,
porque ambas determinan el modelo de sociedad que se está diseñando o para ser más
precisa se está rediseñando, ya que confluye un conflicto entre los derechos de ciudadanía
y los derechos fundamentales o de la persona. «Con la Declaración Universal de 1948, la
disociación entre persona y ciudadano no planteaba ningún problema, al no pesar sobre
nuestros países la amenaza de la presión migratoria. Pero sería hoy una triste quiebra de
nuestros modelos de democracia, y con ellos de los llamados valores de Occidente, que
nuestro universalismo normativo fuera a ser negado precisamente en el momento mismo
en el que resulta puesto a prueba» (Ferrajoli).
Es lo que se ha hecho en España con la modificación de la Ley 4/2000 por la 8 /2000
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, negando derechos fundamentales
y por tanto de la persona y denegarlo sobre la base de la no pertenencia a un Estado
nacional determinado.
Resulta difícilmente justificable proceder a la supresión de derechos fundamentales de
los extranjeros, como son sindicación, manifestación, huelga o participación pública,
sobre la base de su situación administrativa de regularidad o irregularidad, más aún
teniendo en cuenta que los derechos fundamentales «tienen una patente universalidad (...).
Las libertades (derecho a la vida, libertad de expresión, asociación, reunión y otros derechos
políticos) son inclusivas y forman la base de la igualdad jurídica (...). Las libertades
son indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles» 1 .
Estos han de ser reconocidos «erga omnes», es decir, para todos los seres humanos. Han
de ser establecidos, ejercidos e interpretados al igual que para los ciudadanos españoles.
Establecer criterios diferentes para poder ejercer unos derechos fundamentales únicos es
pretender justificar discriminaciones de base legal.
En cuanto a la dimensión política, no es negativo que existiese la posibilidad de derecho
al voto en las elecciones locales evitando cualquier tipo de diferencia entre los ciudadanos
comunitarios y los demás extranjeros, no sólo se evitarían situaciones de discriminación
sino que se potenciaría el interés de los políticos por establecer políticas y si es
posible consensuadas y no hacer «política politiquera» (Sami Naïr), demagógica y lamentablemente
en algunos casos racista y xenófoba.
1 VV.AA. «Nuevo Derecho Constitucional Comparado».
GACETA188 SINDICAL