Revista UNINPAHU No 10

68 Pp 61 - 76. Nº 10, octubre de 2014
eminentemente discursiva de la ley y
para alcanzar eficacia en los protocolos
de investigación, es necesario definir
con precisión e inscribir la peculiaridad
y novedad del crimen de feminicidio en
el derecho (p. 24).
Dadas estas consideraciones, antes de
responder la tercera pregunta -¿qué sentido
tiene incorporar el concepto de feminicidio
en el discurso periodístico?-, se requiere una
breve mirada a lo que viene aconteciendo en
el derecho nacional e internacional, ya que
una ha sido la dinámica de la divulgación
de la palabra feminicidio, su apropiación,
de manera más rigurosa por parte de los
movimientos de mujeres, y otra, la forma en
que se ha ido incorporando en la legislación.
Se halla la simultaneidad de distintas
temporalidades en relación al feminicidio:
el pensamiento de las feministas, las lógicas
de producción discursiva de los medios
de comunicación y su tipificación como
delito autónomo en unos marcos jurídicos
anquilosados en una tradición patriarcal
que dificulta transversalizar la perspectiva
de género. Es el momento de sincronizar los
relojes en aras de un derecho comprometido
con las mujeres y, en ese sentido, el periodismo
no debe quedarse esperando a que otros le
den la hora, su autonomía y profesionalismo
están a prueba.
3. Referentes jurídicos sobre
feminicidio y violencia de
género
A continuación se presentarán algunos
referentes jurídicos, los cuales se han
constituido en emblemáticos para comprender
el fenómeno del feminicidio como un delito
global de lesa humanidad, que afecta no sólo
a las víctimas directas del mismo, sino a su
entorno familiar y social, como lo muestra,
por ejemplo, el caso “Campo Algodonero”
en México. Después de mostrar cómo ha
avanzado la penalización frente al feminicidio
y la violencia de género en América Latina, se
resaltan algunos artículos de la Ley 1257 de
2008, con la cual se legisla en Colombia sobre
las diversas violencias contra las mujeres.
3.1 El caso “Campo algodonero”
Ginés (citado en Mariño 2013, p. 285) narra
cómo entre el 6 y 7 de noviembre de 2001
fueron encontrados, en lo que se conoce
como Campo Algodonero de Ciudad
Juárez, ocho cuerpos de mujeres-niñas
entre los 14 y 21 años, que se encontraban
en “avanzado estado de descomposición”.
Los cuerpos fueron arrojados en días
sucesivos al solar denominado Campo
Algodonero, curiosamente situado frente
a las instalaciones de la Asociación de
Maquiladoras de Ciudad Juárez, en las que
trabajaban las víctimas del feminicidio, con
una intención evidente de provocación,
escarnio y amenaza contra las mujeres
trabajadoras de las empresas maquiladoras
de Ciudad Juárez.
La Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en su Sentencia del 16 de
noviembre de 2009 en el caso González y
otras (“Campo Algodonero”) Vs. México,
declaró por unanimidad que “El Estado
violó los derechos a la vida, integridad
personal y libertad personal […] en perjuicio
de Claudia Ivette González, Laura Berenice
Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera
Monreal […]” (p. 151). El anterior, sólo es un
punto de la resolución de la Corte, la cual se
constituye en un caso emblemático sobre la
responsabilidad que tiene el Estado frente a
los feminicidios, aunque la Corte utilizara la
expresión “homicidio por razones de género”;
“[…] sin embargo, durante la audiencia
pública, el propio Estado de México, en
sus alegatos, se refirió a los hechos de
ciudad Juárez como feminicidio” (Faúndez,
2013, p. 311). Esta sentencia incorpora una
serie de reparaciones para las víctimas,
entre las cuales están la indemnización a
los familiares de las mujeres asesinadas,
además de su atención médica, psicológica
o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata
y adecuada. Se le brinda la importancia
merecida a la debida diligencia, de lo cual
se desprende que el Estado debe “contar con
un adecuado marco jurídico de protección,
con una aplicación efectiva del mismo y
con políticas de prevención y prácticas que
permitan actuar de una manera eficaz ante
las denuncias” (p. 69).