Revista UNINPAHU No 10

Martha Y. Guarín
El feminicidio en los periódicos El Tiempo y El Espectador: ¿Sinónimo de asesinato u homicidio de mujeres?
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Con dicha sentencia se confirma lo planteado
por Marcela Lagarde, quien fuera perita
propuesta por los representantes de este
caso: “Declaró, inter alia, sobre la ausencia
de política de género en Ciudad Juárez y
Chihuahua, así como en el resto del Estado
mexicano; las dificultades de las mujeres
para acceder a los servicios que presta el
Estado, las políticas discriminatorias por el
hecho de ser mujer; la falta de prevención
de la violencia de género; el papel del poder
legislativo en la actuación de las instituciones;
y la especificación de los diferentes tipos y
modos de violencia que han enfrentado las
mujeres en Ciudad Juárez, en concreto las
víctimas de desaparición, homicidio y sus
familiares” (2009, p. 22) 4 .
En las reparaciones simbólicas dispuestas
por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos se plantea que el Estado deberá
realizar un acto público de reconocimiento de
responsabilidad internacional en relación con
los hechos del “Caso Algodonero” y levantar
un monumento, ese mismo día, en memoria
de las mujeres víctimas de homicidio por
razones de género en Ciudad Juárez. También
se resuelve que el Estado deberá divulgar en
la prensa mexicana y federal varios párrafos
de la sentencia y los puntos resolutivos de la
misma.
Se observa cómo esta sentencia corrobora
el necesario abordaje del feminicidio como
una problemática que va más allá del
asesinato de mujeres, y que como en este
caso, responsabiliza al Estado por “la falta de
medidas de protección a las víctimas, dos de
las cuales eran menores de edad; la falta de
prevención de estos crímenes, pese al pleno
conocimiento de la existencia de un patrón
de violencia de género que había dejado
centenares de mujeres y niñas asesinadas; la
falta de respuesta de las autoridades frente
a la desaparición […]; la debida diligencia
en la investigación de los asesinatos […]; así
como la denegación de justicia y la falta de
reparación adecuada” (2009, p. 2).
3.2 Geografía de la penalización del
feminicidio
En la figura 1 se puede observar cómo ha
ido avanzando durante los últimos años en
América Latina y el Caribe la legislación que
penaliza el delito del feminicidio; cabe destacar
la situación en la cual se halla Colombia, donde
inicialmente el proyecto de Ley 049 “Rosa
Elvira Cely”, titulado así en memoria de una
mujer de 35 años, víctima de feminicidio en
Bogotá, en mayo del 2012, pasa un año después
a denominarse Proyecto de Ley “Rosa Elvira
Cely” No. 107 de 2013.
3.3 Proyecto de Ley “Rosa Elvira Cely” No.
107 de 2013 – Senado “Por la cual se crea
el tipo penal de feminicidio como delito
autónomo y se dictan otras disposiciones”
El objeto de este proyecto de ley es “tipificar
el feminicidio como un delito autónomo, para
fortalecer el marco jurídico que garantiza el
derecho de las mujeres a una vida libre de
violencias establecido por la Ley 1257 de 2008”
(Artículo 1º). La violencia feminicida se define
como “la forma extrema de violencia de género
contra las mujeres, ya sea en ámbito público
o privado, conformada por un conjunto de
conductas que conllevan a la muerte violenta de
las mujeres” (Artículo 2º). Además, se establece
la “Cátedra Nacional de Género para prevenir
la violencia contra las mujeres”. A partir de la
promulgación de la presente ley, se incorporará
con carácter obligatorio en el currículo de los
establecimientos educativos de todos los
niveles y modalidades, la cátedra nacional
de género, como estrategia de sensibilización
social para prevenir la violencia contra las
mujeres (Artículo 7º).
A través de algunas entrevistas realizadas a
expertas en el tema de género y derecho, se
corrobora la importancia de la aprobación e
implementación de esta ley sobre feminicidio en
Colombia. El informe de la Alcaldía Mayor de
Bogotá (2013) da cuenta de ello:
(4) Al respecto, Segato (2004) afirma que “La impunidad a lo largo de los ahora once años, se revela espantosa, y puede
ser descrita en tres aspectos: 1. Ausencia de acusados convincentes para la opinión pública; 2. Ausencia de líneas de
investigación consistentes; y 3. La consecuencia de las dos anteriores: el círculo de repetición sin fin de este tipo de
crímenes” (p.5).