Rafael Benítez, Universidad de Valencia - framespa

virrey reconocía el derecho de los navarros a exigir una compensación. Si esto no era posible
por vía de “concordia” no habría más remedio que tomar medidas más contundentes:
“las insolencias de los de allá pasan muy adelante y que los naturales deste reino padecen
muchas vejaciones, daños y molestias y aun el real patrimonio de vuestra majestad recibe
detrimento muy notable y que casi se ofende con todo esto la autoridad y reputación de la
grandeza real de Vuestra Majestad”30
El virrey era consciente de la “mucha dificultad y perplexidad” del problema. La
solución judicial no era posible. Las reclamaciones de los navarros no eran atendidas en los
tribunales del Príncipe de Béarne y los de Baigorri no aceptaban las sentencias emanadas del
Consejo de Navarra. No tenían por qué hacerlo ya que tenían garantizada la impunidad
gracias al amparo de la frontera y el apoyo de sus propias autoridades. Si quería ponerse un
freno a esta situación no bastaba con las medidas apaciguadoras tomadas hasta entonces. La
gravedad de los hechos exigía decisiones más drásticas y una mayor implicación de la
Monarquía en el conflicto. El Marqués de Almazán propondría en mayo de 1585 tres modos
posibles para resolver la cuestión “todos ellos de harto inconveniente y dificultad”. La
primera opción era la de da otorgar total libertad a los valles fronterizos para defenderse,
expulsar a los que ocupaban sus términos y llegado el caso realizar represalias a mano armada
como de hecho siempre habían solicitado y estaban dispuestos a hacer. Las autoridades reales
siempre se habían resistido a esta concesión, que de hecho el marqués desaconsejaba, por
dejar toda la gestión de la violencia en manos particulares dando ocasión “a muchas muertes,
escándalos y conmotión de fronteras”. Otra medida posible era la de organizar una verdadera
operación de castigo con el apoyo de las tropas del rey. Sin lugar a dudas esto permitía un
mayor control sobre la aplicación de la violencia y previsiblemente menos abusos, por contra
se corría el riesgo “de que se rompa y tenga quiebra la buena correspondencia que Vuestra
Majestad tiene con el dicho Príncipe de Bearne y de que este reino se inquiete y reciba los
daños que de semejantes alteraciones y ocasiones suelen resultar”. 31 Para evitar todo estos
peligros el virrey recomendaba optar una vez más por una vía pacífica pero no por ello menos
dificultosa. Visto que ninguna de los implicados aceptaría las resoluciones de un tribunal de la
parte contraria el único modo para llegar a un acuerdo sería el nombramiento de dos
diputados, uno del reino de Navarra y otro del Príncipe de Béarne, que decidiesen juntos sobre
la legalidad o no de los descaminos y los límites del reino en Alduides. Esta propuesta era sin
duda mucho más segura que las anteriores pero también la más inviable. En primer lugar la
diversidad de opiniones y planteamientos podría prolongar indefinidamente las discusiones
haciendo imposible la obtención de un voto consensuado sobre el asunto, “mayormente que se
puede bien creer que cada uno de los dichos jueces adherirá a la parte de su rey y patria”. 32
Además habría que contar con el retraso que provocarían las inevitables disputas en torno a
cuestiones de protocolo. Por último, aunque los diputados nombrados se pusieran de acuerdo
o sometieran su resolución al juicio de un tercero, nada garantizaba que los de Baigorri
aceptaran la sentencia si se sentían perjudicados. En definitiva, el éxito de esta medida
dependía una vez más del compromiso de los soberanos y de la buena voluntad de las partes.
Mientras tanto la situación política francesa se deterioraría rápidamente. Era evidente
que la “buena correspondencia” entre el monarca español y el Príncipe de Béarn no podía
durar. La insurrección de la Liga Católica en 1585 forzaría a Enrique III de Valois a rechazar
toda influencia hugonote (Edicto de Nemours). El apoyo de Felipe II a los ligueurs y la
declaración del Papa Sixto V considerando a Enrique de Borbón inhábil como sucesor al
30 AGS, Estado, leg. 360, nº 6.
31 AGS, Estado, leg. 360, nº 6.
32 AGS, Estado, leg. 360, nº 6.
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