Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe: enfoques, experiencias y perspectivas

182 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
entidades estatales y controlarlos. Cuando estas puedan concurrir al mercado
en igualdad de oportunidades respecto a cualquier otro agente económico, no
será preciso asignarles recursos de forma física. En el caso de las empresas
(estatales), el Estado debe exigir como meta fundamental los aportes que
realicen al presupuesto por el rendimiento de la inversión estatal (aporte al
Estado como dueño). Cederían protagonismo otro tipo de indicadores que
debe manejar únicamente la dirección de la organización empresarial para
llevar a cabo su gestión. En el caso de las instituciones de servicios sociales,
todas sus necesidades deberán depender solo del presupuesto y no de
asignaciones físicas de recursos, con lo cual se les impone el reto de acometer,
en adelante, los procesos de presupuestación de sus actividades.
6. Necesidad de retipificar las entidades económicas
Una de las funciones primeras de la planificación está relacionada con definir
la función que a cada entidad económica estatal le corresponde desempeñar
en la economía y la sociedad, clasificándolas por tipo. En la actualidad, las
entidades económicas estatales de Cuba se clasifican en empresas y unidades
presupuestadas: a las primeras se las caracteriza como aquellas que tienen
capacidad de cubrir sus gastos con sus ingresos, y a las segundas como aquellas
que no pueden hacerlo. Utilizar este criterio es inapropiado. La posibilidad
de obtener un saldo económico positivo en una entidad puede depender de
múltiples elementos, como la eficacia de su gestión, las condiciones de mercado,
el precio internacional de sus insumos, la tasa de cambio y las regulaciones
que se le impongan. Ninguno de ellos se corresponde estrictamente con la
naturaleza de su función en la sociedad. Esto genera vacíos reglamentarios
que deben ocuparse sobre la base de la discrecionalidad.
Por otra parte, existe una gran confusión en torno a la categoría de
empresa socialista, que se supone debe ser rentable y eficiente, pero a la vez
hacerse cargo de misiones sociales, independientemente de los costos que
impliquen. Ello hace que no se conciba la empresa como una organización
optimizadora, lo cual confisca, desde su propia concepción, una gran parte de
los incentivos a la innovación y a su desarrollo constante.
Una de las transformaciones en este sentido sería revisar cuál es la
función que todas las entidades estatales desempeñan en la sociedad, a
los efectos de configurar las reglas que deben regir sus comportamientos.
Como resultado, se obtendrían al menos tres tipos de entidades: i) entidades
maximizadoras de rentabilidad, sujetas a metas de bienestar público
(sociedades mercantiles), cuya misión sea obtener el mayor beneficio neto que
combine una perspectiva de corto plazo con la sostenibilidad a largo plazo;
ii) entidades maximizadoras de bienestar social, sujetas a niveles
preestablecidos de rentabilidad (empresas sociales), con la misión de