Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe: enfoques, experiencias y perspectivas

Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe... 87
Asimismo, la Ley Estatal de Planeación establece los principios de la
planeación del desarrollo estatal y da paso a la elaboración de un plan
estatal de desarrollo.
Los instrumentos que utiliza el gobierno estatal para la elaboración
de dicho plan son los Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal
(COPLADE) y los Convenios de Desarrollo Social (CDS). Con los primeros,
se busca coordinar los esfuerzos entre el gobierno federal, el gobierno
estatal y los ayuntamientos de cada entidad federativa, en materia de
planeación, programación, ejecución, evaluación e información. Los
segundos fungen como medio de coordinación entre el gobierno federal
y las entidades federativas, mediante la transferencia de recursos desde
la federación hacia los gobiernos estatales para la consecución de los
compromisos que derivan del Plan Nacional de Desarrollo.
Así como la Ley Estatal de Planeación estipula las bases para que el
gobierno estatal coordine las actividades de planeación con los municipios,
la Ley Orgánica Municipal faculta a los ayuntamientos para participar en
la planeación del desarrollo, lo que permite elaborar un plan municipal
de desarrollo que debe estar alineado con el plan estatal y el nacional. Lo
anterior también está fundamentado en el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A nivel municipal, los instrumentos que se utilizan para la
elaboración del plan son el Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN) y los Convenios de Coordinación Estado-
Municipio (CODEM). El Comité se encarga de promover y coordinar la
formulación, instrumentación y evaluación del plan; los convenios, por
su parte, se celebran entre los gobiernos de las entidades federativas y los
gobiernos municipales para transferir recursos y realizar acciones y obras
conjuntas en beneficio del desarrollo estatal y municipal.
El esquema institucional que relaciona los tres niveles de gobierno
ha pasado por diferentes etapas que reflejan los cambios institucionales
asociados a una relación dinámica entre los ámbitos de gobierno nacional
y subnacional. La participación de otros actores, como la ciudadanía y las
organizaciones de la sociedad civil, es creciente y contribuye a configurar
un nuevo relacionamiento entre las diferentes escalas, que ya no son solo
de gobierno, sino que incluyen a los movimientos sociales de las entidades
federativas, lo que hace aún más compleja la ecuación Estado-mercadosociedad.
Las reglas del juego están establecidas, pero en la práctica se
añaden ingredientes adicionales de la política y el poder económico
que suelen obstaculizar la ejecución de los planes y programas. En el
recuadro IV.2 se muestra un ejemplo de esa complejidad, con referencia al
presupuesto público que se asigna a los entes subnacionales.