Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe: enfoques, experiencias y perspectivas

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importante que incorpora el Plan Bicentenario es la creación de corredores
económicos, impulsando la aglomeración de empresas, la asociatividad, los
acuerdos público-privados, el desarrollo de centro poblados intermedios y
la infraestructura.
No solo los enfoques para definir los problemas territoriales son
variados, sino que también lo son las dimensiones de la intervención a las
que se les otorga el papel estratégico. En algunos casos, se le otorga ese
papel a lo social; en otros, a la toma de decisiones y las formas de gestionar
la política pública; en otros más, a la infraestructura y los soportes físicos
del funcionamiento socioeconómico, y en varios más, a conceptos más
orgánicos que agrupan conjuntos de factores y se organizan a través de
ideas fuerza como la productividad, la competitividad o la innovación, y el
desarrollo tecnológico territorial.
B. Avances y desafíos en el manejo de las relaciones
entre los niveles territoriales de planificación
para el desarrollo
En la mayoría de las leyes sobre planificación de los países de la región se
contemplan disposiciones normativas que orientan y definen los mecanismos
de vinculación y las relaciones entre la planificación nacional y subnacional.
Este es el caso tanto en los países unitarios, como Chile, Colombia, Costa Rica,
el Ecuador, Guatemala y el Perú, como en los federales, como la Argentina,
el Brasil y México.
En el esquema de planificación nacional de México, se ha
establecido el objetivo de lograr un federalismo articulado, como una
estrategia orientada a enfrentar la alta centralización de facultades,
recursos y decisiones. Se señala también la ausencia de mecanismos
efectivos de coordinación entre órdenes de gobierno y el carácter
inconcluso de los procesos de descentralización, como resultado de lo
cual se han ahondado los contrastes entre regiones, entidades federativas
y municipios. Desde esta perspectiva, en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 (PND) se propone esclarecer los ámbitos de competencia
y de responsabilidad de cada orden de gobierno y profundizar la
redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos hacia las
entidades federativas y los municipios, a través de mecanismos de
diálogo y concertación intergubernamental. Aunque muy variado en las
32 entidades federativas, este diálogo se ha establecido y ha permitido
el planeamiento alineado en los tres niveles de gobierno. Desde 2013,
en apoyo a una ejecución del PND que sea incluyente y amplia desde