Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe: enfoques, experiencias y perspectivas

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en la fase de redacción del documento, la Presidencia de la República creó el
“Instructivo General: Directrices para la Formulación del Plan-Presupuesto
Anual 2015 y Multianual 2015-2017”, el cual debe ser aplicado por todas las
instancias del Poder Ejecutivo, incluidas las entidades descentralizadas y
autónomas. De esa manera, el Plan K’atun, que se aprobó en agosto de 2014,
quedó vinculado al proceso del plan y el presupuesto.
En Chile, en ausencia de una entidad de planificación nacional,
los objetivos de mediano plazo se definen por medio del programa de
gobierno, que es el referente principal para definir los objetivos globales de
los ministerios. Por otro lado, también el Sistema de Evaluación y Control
de Gestión cumple parte de esta función de ordenamiento y definición de
objetivos (a través de las definiciones estratégicas ministeriales). En este
contexto, en el marco del proceso presupuestario, los ministerios definen
objetivos estratégicos institucionales, que tienen como referentes los
objetivos de carácter más general establecidos en la agenda de gobierno
(Leiva, 2012, pág. 52).
En los últimos años, en Chile se han fortalecido los ministerios
como instancias de formulación de prioridades de política, planificación
y control de gestión de los servicios públicos. Esto se expresa en el sólido
y robusto esquema que representa el Sistema de Evaluación y Control de
Gestión que lleva casi dos decenios. En gran parte de las instancias en
las que se ha evaluado la experiencia chilena, se ha reconocido como una
fortaleza este tipo de desarrollo en el proceso de planificación.
A pesar de que el presupuesto por resultados en Chile se ha
desarrollado ampliamente, aún no constituye un esquema que permita
asignar prioridades de gasto público conforme a criterios de calidad
y eficiencia. La evidencia de los estudios señala que la fortaleza de esta
experiencia está más bien en el apoyo al mejoramiento de la gestión de los
servicios públicos.
En el marco de los desafíos presupuestarios, el presupuesto debe ser
un instrumento que apoye efectivamente el desarrollo nacional y debe tener
ciertas características que difieren de la práctica occidental. Esto implicaría
que la preparación del presupuesto fuera menos incremental y más
estratégica, estuviera ligada a la planificación nacional o a otras formas de
definir los objetivos y las prioridades, y fuera sensible a las consecuencias de
las políticas tributarias y de gasto (Schack, 2002). Lo anterior refuerza la idea
de que es necesario fortalecer el proceso de definición de las prioridades
de largo plazo de la política pública, así como su articulación con los
procesos presupuestarios de mediano y corto plazo. Cabe preguntarse
si dicho esquema es lo suficientemente estratégico como para definir de
forma adecuada las prioridades de largo plazo, y cómo se articula con el
corto plazo de la práctica presupuestaria. En estas circunstancias, queda