Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
(Gobierno de Cuba, 2018). En el informe del Ecuador, se señala que el monto promedio de las pensiones de
jubilación se incrementó un 51% en el período 2007-2016, con lo que se busca que las personas mayores
puedan llevar una vida digna. Asimismo, y con el fin de brindar protección social a las personas mayores
que no reciben pensiones de jubilación, el Estado ecuatoriano implementó un sistema de seguridad social
no contributiva, mediante el cual las personas mayores que no están cubiertas por el sistema de seguridad
social reciben una pensión asistencial (Gobierno del Ecuador, 2018). El Salvador informa que, desde 2013,
invierte en el programa Comunidades Solidarias, que, en su componente rural, otorga acceso a una pensión
básica universal a 28.000 personas mayores, de las cuales el 54% son mujeres, y, en su componente urbano,
beneficia a 4.800 personas, de las cuales el 58% son mujeres (Gobierno de El Salvador, 2017). Asimismo, en
Jamaica, más de 60.000 personas de edad avanzada recibieron subsidios bimensuales en efectivo en el último
año fiscal (2016/17), en el marco de los programas de asistencia social del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (Gobierno de Jamaica, 2018). En el informe del Uruguay se señala que el nivel de cobertura del sistema
de seguridad social en la etapa de jubilación es muy elevado, dado que un 87,9% de personas de 65 años y
más cobraba jubilaciones o pensiones en 2016 (Gobierno del Uruguay, 2017). En su informe nacional, México
señala que, en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI), se han realizado esfuerzos para incorporar
a las personas mayores al programa Pensión para Adultos Mayores. Asimismo, y con la intención de apoyar
económicamente a las personas mayores, se redujo de 70 a 65 años la edad mínima para poder recibir una
pensión social, lo que se tradujo en un aumento, con respecto a 2012, de 2,3 millones de beneficiados por
el programa Pensión para Adultos Mayores, que actualmente cubre a 5,4 millones de personas (Gobierno de
México, 2018).
3. Mejora y expansión de la protección social en materia de salud
En las próximas décadas, el rasgo más sobresaliente de la realidad demográfica en todos los países de la
región será el aumento de la población mayor y la disminución de la población joven. Indudablemente, este
cambio que acompaña el paso de los países hacia etapas más avanzadas de la transición demográfica no se
producirá en el mismo momento en todos ellos y, en la mayoría, todavía hay una ventana de oportunidades
para emprender las transformaciones institucionales, programáticas y prácticas que conlleva la modificación
de la estructura por edades de la población y los consecuentes cambios de las demandas sectoriales. Uno
de los más evidentes ocurrirá en la demanda de atención de la salud (Huenchuan, 2013).
En el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo se incorporan medidas específicas sobre
protección social en materia de salud. Una corresponde a la medida prioritaria 26, en la que se acuerda adecuar
las políticas de salud a los desafíos del perfil epidemiológico resultante del envejecimiento y la transición
epidemiológica, reforzando la lucha para erradicar las enfermedades transmisibles e implementando acciones
de prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles.
La implementación de estas recomendaciones se produce en un escenario heterogéneo. De acuerdo
con la OIT, existen diferencias significativas en la región en lo referente a la protección social en materia de
salud. A fines de la década pasada, en algunos países —como en el Uruguay— se había conseguido una
amplia cobertura de la población, mientras que, en otros, menos de un tercio de los habitantes se encontraban
protegidos. Este era el caso en la República Dominicana (26,5%), Guyana (23,8%), el Paraguay (23,6%),
el Ecuador (22,8%), El Salvador (21,6%), Jamaica (20,1%) y San Vicente y las Granadinas (9,4%) (OIT, 2018) 75 .
En su informe nacional, la Argentina señala que, en el marco del Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados, la Pensión Universal para el Adulto Mayor garantiza también el
acceso a los beneficios del Programa de Atención Médica Integral a todas las personas mayores de 65 años
sin jubilación, pensión o retiro (Gobierno de la Argentina, 2018). En el Brasil, la implementación y expansión
del Sistema Único de Salud garantizó el derecho universal e integral a la salud. A partir de marcos legales
específicos, como la Política Nacional de Salud de la Persona Mayor, el Ministerio de Salud se ha centrado
75
En 2016, el porcentaje de personas con discapacidad severa que reciben prestaciones por discapacidad habría oscilado entre el 100% en el Brasil y Chile y menos
del 5% en Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala y el Perú (OIT, 2018).
98