Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
El capítulo E sobre igualdad de género del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, con
sus 19 medidas prioritarias acordadas, es un ámbito importante para el seguimiento del conjunto de acciones
propuestas en la agenda de población y desarrollo. Cabe señalar que la igualdad de género se aborda de
manera transversal en los demás capítulos del Consenso, principalmente en aquellos con los que tiene mayor
interacción y que lo anteceden en este informe, como el capítulo B (Derechos, necesidades, responsabilidades
y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes) y el capítulo D (Acceso universal a los servicios de salud
sexual y salud reproductiva). Como el seguimiento no puede desvincularse de la agenda regional más amplia
y, al igual que en otros temas, los indicadores regionales aún son escasos, en esta sección del monitoreo
regional del Consenso de Montevideo, el análisis se enfoca en algunos aspectos e indicadores seleccionados
por su relevancia. Además, para dar cuenta del contexto más amplio, se toma como referencia el vasto trabajo
llevado a cabo por la CEPAL, en especial en el marco del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina
y el Caribe (OIG) y de los estudios realizados por la División de Asuntos de Género 97 . Por último, se toman
como insumos para esta sección los informes nacionales del monitoreo de los avances del Consenso
de Montevideo.
En esta sección se informará sobre las medidas prioritarias 47, 48, 49, 52, 54, 56, 57, 58, 61, 64 y 65 del
Consenso de Montevideo, que se organizan desde el marco conceptual definido por el OIG a partir de la noción
de las tres autonomías: autonomía en la toma de decisiones, autonomía económica y autonomía física 98 . Con
relación a la autonomía en la toma de decisiones, los mecanismos institucionales han permitido notables
avances en la institucionalidad de las políticas de género, con resultados significativos en la implementación
de estrategias de transversalización de género en distintos sectores y niveles de los Estados. A lo anterior,
se suma el aumento de la participación de las mujeres en la toma de decisiones, principalmente debido al
desarrollo de políticas de acción positiva, como leyes de cuotas o de paridad, con importantes reformas
en los sistemas electorales de algunos países de la región. Sin embargo, el nivel y la velocidad de estos
progresos difieren de unos países a otros, así como entre los distintos niveles subnacionales. Además, los
avances necesitan de una mayor estabilidad institucional y presupuestaria para no quedar sujetos a los ciclos
económicos. En lo que respecta a la autonomía económica, las mujeres de la región siguen participando en
el mercado laboral en condiciones de desigualdad respecto a los hombres, ya que continúan soportando la
mayor parte del peso del trabajo no remunerado. Esta carga afecta directamente su posibilidad de acceder a
posiciones de toma de decisiones y las deja más expuestas a sufrir los efectos de las crisis, no solo frente a
los problemas económicos, sino también ante los cambios demográficos en la estructura etaria. A todos los
desafíos anteriores se suma el ámbito de la autonomía física, en el que se han producido avances modestos
en lo referente a la violencia de género, a pesar de las acciones puestas en marcha desde que empezó a
considerarse un tema público. Estas acciones, de hecho, solo ponen de relieve parte de las dificultades, pues
en esta dimensión aún se presenta el gran desafío de medir el problema de manera adecuada.
Por último, una gran ausencia que hay que registrar en este primer informe, prevista para el monitoreo
regional, se refiere a la medida prioritaria 59, que trata de “incrementar el acceso de los hombres, incluidos
niños, adolescentes y jóvenes, a la información, la consejería y los servicios de salud sexual y salud reproductiva
y promover la participación igualitaria de los hombres en el trabajo de cuidados, a través de programas
que sensibilicen a los hombres respecto a la igualdad de género, fomentando la construcción de nuevas
masculinidades”. Esto se logra a partir del acceso de los hombres a la información, especialmente por medio
de los contenidos mínimos de los planes de estudios de la enseñanza básica y secundaria. En México, por
ejemplo, se han introducido estos contenidos en la educación básica.
97
Véanse los estudios, leyes e indicadores del Observatorio de Igualdad de Género [en línea] https://oig.cepal.org/.
98
En este paralelo analítico-temático es importante tomar nota del concepto de autonomía como se señala en el OIG: “La autonomía significa para las mujeres
contar con la capacidad y con condiciones concretas para tomar libremente las decisiones que afectan sus vidas. Para el logro de una mayor autonomía se
requieren muchas y diversas cuestiones, entre ellas liberar a las mujeres de la responsabilidad exclusiva por las tareas reproductivas y de cuidado, lo que incluye
el ejercicio de los derechos reproductivos; poner fin a la violencia de género y adoptar todas las medidas necesarias para que las mujeres participen en la toma
de decisiones en igualdad de condiciones” (véase Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, “Autonomías” [en línea] https://oig.cepal.
org/es/autonomias).
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