Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
• El acceso a los dos extremos del ciclo educativo. En el Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo y los indicadores aprobados para su seguimiento regional no se hace referencia explícita a
la educación preescolar o la educación terciaria. Con todo, la medida prioritaria 9 y el indicador B.6 sí
dejan espacio para ambos niveles educativos. No cabe duda de su importancia, tanto por los efectos
acumulativos de la primera (CEPAL, 2017a, pág. 57) y sus encadenamientos con otras aspiraciones
contenidas en las medidas prioritarias sobre igualdad de género, por ejemplo, como por la creciente
necesidad de la segunda (ya sea universitaria o técnica) en las sociedades modernas. Los significativos
esfuerzos realizados en varios países de la región desde 2013 permitieron ampliar la cobertura, sobre
todo de la educación preescolar, que actualmente supera los niveles de la educación secundaria
(CEPAL, 2017a, pág. 58). No obstante, aún se está lejos de universalizar la educación preescolar,
sobre todo en los países de menores ingresos, y su calidad y aprovechamiento para el desarrollo
multidimensional de los menores es aún insuficiente. En el caso de la educación universitaria,
las últimas cifras de las encuestas de hogares realizadas alrededor de 2016 indican que un 10%
(promedio simple) de la población de 25 a 29 años de edad concluía el ciclo postsecundario (cinco
o más años de escolaridad), con pocos países en torno al 20% de dicha cohorte (Argentina, Chile,
Venezuela (República Bolivariana de)) y varios con porcentajes del orden del 5% 38 . Asimismo, las
desigualdades de este indicador son superlativas, pues menos del 2% del quintil de menor nivel
socioeconómico concluía este ciclo, en comparación con alrededor del 25% del quintil superior. Así,
en la mayor parte de los países la educación terciaria sigue siendo para una minoría. Y si bien su
cobertura ha aumentado, en muchos países ha sido bajo modalidades pagas, que limitan el acceso
a los adolescentes y jóvenes de bajos recursos y obligan a endeudarse a una fracción importante
de las nuevas promociones, apartándose de lo acordado en la medida prioritaria 9 del Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo. Ampliar la cobertura de la educación superior y desligarla
de las condiciones socioeconómicas de adolescentes y jóvenes también favorecería la reducción de
la fecundidad adolescente, el desempleo juvenil y la proporción de adolescentes y jóvenes que no
estudian, trabajan ni se capacitan, que sigue siendo una proporción no menor de este grupo 39 . Esta
condición no debe estigmatizarse, sino reconocerse como una situación de potencial pérdida de
capacidades individuales y sociales.
• El desempleo juvenil. Pese a la continuación e implementación de nuevas iniciativas tendientes
a mejorar la oferta laboral juvenil, lograr una intermediación laboral más favorable a los jóvenes y
generar empleo para este segmento de la población (CEPAL, 2017a, pág. 112 y sección III.C) 40 , este
índice —que sigue siendo mucho más elevado que en otras edades— no logró escapar al escenario
macroeconómico adverso y aumentó durante el período de referencia, fuertemente influido por la
evolución del Brasil 41 . Cabe destacar que el Caribe tiene una de las tasas de desempleo juvenil más
altas del mundo, fenómeno que puede estar relacionado con diversos factores, como la baja calidad
38
Procesamiento especial realizado por la División de Desarrollo Social. Para años previos, véase JUVeLAC.
39
El 21,8% en 2014, según JUVeLAC, que se basa en encuestas nacionales oficiales (véase [en línea] http://dds.cepal.org/juvelac/estadísticas).
40
En Chile se reforzó el programa de Subsidio al Empleo Joven y se innovó con dos programas dirigidos a los jóvenes de las zonas rurales: el Programa Nacional de
Apoyo a la Juventud Rural (2017) y el Programa Emprende Joven Rural, que en 2016 benefició con financiamiento a 3.088 jóvenes. En Colombia se implementa
desde 2015 el programa 40 Mil Primeros Empleos y en mayo de 2016 se sancionó la Ley Projoven, que busca promover la generación de empleo y el emprendimiento
juvenil. En Costa Rica se impulsa desde 2017 el Plan Piloto “Modelo dual: institucionalización de una alternativa para el fortalecimiento del sistema educativo
y la inserción laboral de los jóvenes en Costa Rica” del Ministerio de Educación Pública. En el Ecuador, entre las acciones del Plan Nacional para el Buen Vivir
2013-2017, se incluyó la implementación del programa Impulso Joven, cuyo objetivo es mejorar las capacidades de los jóvenes y aumentar sus oportunidades
de inserción laboral, mientras que en El Salvador se estableció en 2016 el programa Jóvenes con Todo, que ha mejorado la empleabilidad de varios miles de
jóvenes y en Guatemala se lanzó en 2016 la Beca Mi Primer Empleo. En México se aplica la Alianza Estratégica por el Trabajo y el Empleo para Jóvenes (EMPLEO
JOVEN), con apoyo de la OIT. En la República Dominicana, el Programa Juventud y Empleo apunta a mejorar la empleabilidad de los jóvenes de bajos ingresos
mediante la capacitación teórica y el acceso a prácticas laborales en empresas seleccionadas. En el Uruguay se formó la Comisión Interinstitucional de Promoción
del Trabajo Decente Juvenil (2015), que ha abordado varios asuntos, como la compatibilización de trabajo y estudio, por ejemplo, y desde 2013 se aplica la Ley
núm. 19.133, que subsidia la contratación de jóvenes. En Jamaica se implementó un programa de terminación de estudios para trabajadores jóvenes en el sector
de subcontratistas, que permite la adquisición de habilidades formales y blandas para su empleo. En Suriname, el programa Kari-Yu! contiene un componente
de calificación y obtención de trabajo que permitió, desde 2013, la contratación de 1.300 jóvenes a jornada completa. Por último, en marzo de 2018 se firmó un
memorando de entendimiento entre Guyana y la Organización de los Estados Americanos (OEA) para una inversión aproximada de 83 millones de dólares destinada
al desarrollo de programas técnicos y de formación profesional.
41
Indicador A.14 desagregado por edad (15-24 años) y 8.5.2 de los ODS para América Latina y el Caribe: 14,5% en 2010 y 17,2% en 2016.
75