Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo
y la discriminación racial
1. Introducción
Las personas afrodescendientes están presentes en todos los países de la región; sin embargo, salvo en
unos pocos países, han estado invisibilizadas en las agendas públicas. Por ello, su inclusión explícita en el
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo es de gran relevancia. En el Consenso de Montevideo
se presenta contenido pionero y contundente respecto a los acuerdos gubernamentales dirigidos a garantizar
los derechos de las personas afrodescendientes, expresado en siete medidas prioritarias. Al igual que en el
caso de los pueblos indígenas, el objetivo es, además, de hacer visible la situación de los hombres, mujeres,
niños, niñas, jóvenes y personas mayores afrodescendientes de manera transversal en todos los capítulos
de este instrumento.
La población afrodescendiente está constituida principalmente por los y las descendientes de las personas
africanas esclavizadas durante el período de casi 400 años en que existió la trata o el comercio esclavista en
la región, un proceso doloroso y violento originado en los intereses económicos de las metrópolis coloniales,
que conllevaron una demanda creciente de mano de obra forzada. Más allá de la diversidad de situaciones y
particularidades nacionales, la estructura jerárquica, clasista y racista de la época colonial determinó que, en
este continente, las personas afrodescendientes ocuparan un lugar subordinado y presentaran, junto con los
pueblos indígenas, niveles más elevados de pobreza material y exclusión social y política. En América Latina,
la diáspora africana permaneció a lo largo de los siglos en una posición de desventaja, aun después de su
liberación de la condición de esclavitud. Así, la pobreza, el desamparo, las enfermedades, las barreras de
acceso a la educación, la carencia de seguridad social, la ausencia de oportunidades de trabajo decente y la
exclusión de los espacios de decisión política se constituyeron en los pilares del racismo estructural. Este
panorama se agrava con la invisibilidad y la negación de la presencia afrodescendiente en la región, proceso
que se fue consolidando a partir de la creación de los Estados-nación y que desconoce, además, el aporte de
estos grupos al desarrollo social y cultural de las naciones latinoamericanas (CEPAL, 2017a).
Pese a este contexto adverso, las personas afrodescendientes han resistido y luchado permanentemente,
y han logrado posicionar sus demandas históricas en las agendas internacionales y regionales, principalmente
a lo largo del presente siglo. En el contexto internacional, las demandas afrodescendientes cobraron fuerza a
partir de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas
de Intolerancia (celebrada en 2001), en la que se aprobó la Declaración y Programa de Acción de Durban.
Más recientemente, las Naciones Unidas proclamaron 2011 Año Internacional de los Afrodescendientes y
declararon el período 2015-2024 Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Esta iniciativa marca un
derrotero fundamental para concretar los compromisos y las obligaciones que tienen los Estados nacionales
y la sociedad civil con respecto a la resolución de los problemas estructurales que siguen existiendo en el
mundo y en América Latina, que reproducen la exclusión y la discriminación de las personas afrodescendientes
(CEPAL, 2017a). En la región, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó en 2016 el Plan de
Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas (2016-2025), lo cual sin duda reafirma y
refuerza los compromisos estatales vigentes en el Consenso de Montevideo.
2. Marcos jurídico-normativos: avances nacionales a la luz
de los estándares internacionales
En la primera medida prioritaria del capítulo I del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
(medida prioritaria 92), se acuerda respetar y aplicar las disposiciones de la Declaración y Programa de Acción
de Durban, adaptando los marcos jurídicos y formulando las políticas necesarias para su implementación, lo
que implica abordar todas las dimensiones de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales
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