Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
México, 2018). El Paraguay cuenta, desde 2014, con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (PND 2030),
cuyos lineamientos convergen con las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo adoptadas por el
país, así como con los ODS. En este marco, el Plan de Acción Nacional en Población y Desarrollo 2018-2019,
de alcance geográfico nacional, se propone visibilizar y potenciar a la población como recurso clave para
impulsar el desarrollo del país, al abordar integralmente las relaciones entre población, crecimiento económico
sostenido y desarrollo sostenible (Gobierno del Paraguay, 2018). En cuanto a los avances del Perú en materia
de planificación estratégica y uso de la información sociodemográfica, el informe nacional se refiere al Plan
Bicentenario: El Perú hacia el 2021, aprobado en 2011, en el que se incorpora información sociodemográfica y
sobre la población. Sus ejes estratégicos contienen amplia información sociodemográfica, fundamental para
la definición de los objetivos y las acciones de carácter nacional, y se procura visibilizar la situación de las
comunidades indígenas y la población en situación de vulnerabilidad (Gobierno del Perú, 2018). En el informe
de la Argentina, se señala que la implementación del Consenso de Montevideo se encuentra enmarcada en las
medidas prioritarias establecidas por los Objetivos de Gobierno (2016-2019), con los que se busca impulsar el
desarrollo de la economía, la promoción del desarrollo humano y social y el fortalecimiento de las instituciones
de la vida pública, y en los que se plantea la lucha contra la pobreza como eje de la inversión social en los
sectores vulnerables y la generación de igualdad de oportunidades (Gobierno de la Argentina, 2018).
Con respecto a la integración de las dinámicas de población en la planificación del desarrollo sostenible,
incluidas las políticas sectoriales, los países del Caribe son conscientes, sin lugar a dudas, de cuáles son los
temas de población que resultan más apremiantes y precisan una respuesta de política pública; entre ellos, el
problema del envejecimiento de la población y la carga de las enfermedades no transmisibles; el acceso universal
a la salud sexual y reproductiva, incluida la eliminación del VIH; la gestión de la migración, y la planificación
urbana y de uso del suelo (CEPAL, 2018c). Jamaica, por ejemplo, informa sobre una larga tradición de esfuerzos
para integrar la dinámica de la población en el núcleo de las políticas, planes y programas nacionales, incluido
el plan nacional de desarrollo Visión 2030 Jamaica, que fue promulgado en 2009. El Plan Sectorial de Población
de dicho plan nacional, junto con la Política Nacional de Población, siguen siendo los principales marcos a través
de los cuales la dinámica de la población se integra en las políticas, planes y programas nacionales (Gobierno
de Jamaica, 2018). En el caso de Suriname, el informe nacional da cuenta de que tanto el anterior plan de
desarrollo para el período 2012-2016 como el actual (2017-2021) contienen objetivos de desarrollo destinados
a formular una política de población para el país (Gobierno de Suriname, 2018).
La base de datos World Population Policies, publicada por la Sección de Políticas de la División de
Población de las Naciones Unidas, informa sobre la visión y políticas de los Gobiernos en asuntos claves en
materia de población 16 . En ausencia de otra información sistematizada más precisa, esta base de datos provee
un panorama general de cómo consideran los temas de población los Gobiernos de los países de la región.
Si se analizan algunas de las posiciones de los Gobiernos respecto a las políticas de crecimiento poblacional,
fecundidad, migración y envejecimiento poblacional, se puede decir que su visión de los temas demográficos
refleja cierto desconocimiento acerca de la dinámica demográfica y que siguen estando permeados por enfoques
restrictivos. De los 33 países de América Latina y el Caribe, 16 de ellos carecían en 2015 de intervención o
política oficial alguna con relación al crecimiento de la población, mientras que 8 de ellos declaraban contar
con políticas para mantener, aumentar o disminuir la fecundidad. De aquellos 16 países, 14 tenían políticas
para mantener, disminuir o aumentar la inmigración, y 10 presentaban políticas para mantener o disminuir
la emigración. Por otra parte, en 24 países se declaró que el envejecimiento poblacional constituía una gran
preocupación, pero 2 indicaron que no habían tomado ninguna medida al respecto en los últimos cinco años,
y 8 seleccionaron solo una medida entre las respuestas disponibles (aumentar la edad de jubilación, aumentar
las contribuciones de los trabajadores, introducir pensiones no contributivas en edades avanzadas y promover
esquemas privados de ahorro para la jubilación). Por otra parte, hubo numerosas respuestas positivas en cuanto
a las medidas tomadas con relación a la distribución de la población, principalmente en lo que se refiere al
movimiento rural hacia las áreas urbanas.
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Esta base de datos tiene una larga historia: cuenta con información comparable disponible desde la década de 1970. Si bien las respuestas a las preguntas deben
analizarse con prudencia, ya que en general pueden ser imprecisas, los datos agregados permiten algunas inferencias importantes sobre la visión o concepción
de los Gobiernos con respecto a las políticas de población.
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