Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
adicionales. Es necesario hacer más para proporcionar medidas de apoyo a las personas mayores que son
víctimas de la violencia, el abandono y el abuso, desde una perspectiva de género y discapacidad. Entre estas
medidas debería incluirse no solo la disponibilidad de alojamientos de emergencia, sino también la creación
de centros de asesoramiento y líneas de ayuda gratuitas, así como un trato preferencial para acceder a la
justicia (CEPAL, 2017b).
7. Conclusiones
La incorporación explícita de las personas mayores a los sistemas de protección social desde la perspectiva
de la igualdad se fundamenta en que los cambios demográficos actúan como factores clave en la creación de
oportunidades y establecen nuevas restricciones relacionadas con la redefinición de las funciones de la familia,
el mercado y el Estado. Por lo tanto, tal como se recomienda en el capítulo C del Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo, es necesario replantear la protección social para que responda de manera
inmediata a las consecuencias de las transformaciones demográficas y, a su vez, anticipe las respuestas a
las demandas de una población en proceso de cambio.
El escenario actual no está exento de obstáculos. Como se documenta en esta sección, una gran parte
de las personas mayores no tiene acceso a pensiones de vejez que les garanticen protección frente a los
riesgos de pérdida de ingresos en la edad avanzada. Además, la cobertura de seguridad social de la población
ocupada es muy desigual, lo que aumenta las posibilidades de desprotección económica para las generaciones
futuras. En la región se han producido avances notables en lo referente a la expansión de las pensiones no
contributivas, que contribuyen a reducir parte de los riesgos económicos que surgen con la edad avanzada. No
obstante, es necesario continuar profundizando los mecanismos para incrementar la protección en la vejez,
sobre todo en el caso de las mujeres mayores y la población rural.
Los países de América Latina y el Caribe están intentando lidiar con los problemas de cobertura de diferentes
maneras, pero la tendencia es evidente y la política que parece estar teniendo mayor impacto es la extensión
de las pensiones no contributivas. Además de sus efectos sobre la cobertura, este cambio de política puede
tener consecuencias importantes a largo plazo en aquellos países donde la población está envejeciendo.
Esto es especialmente relevante en los países donde la escasa cobertura de la seguridad social contributiva
se complementa con las pensiones no contributivas, en un contexto en que la población en edad de trabajar
presenta bajos niveles de cotización, tanto en términos de cobertura como de densidad.
En el Caribe, desde la aprobación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en 2013,
los Estados miembros han seguido desarrollando y aplicando políticas nacionales sobre envejecimiento y
reforzando los programas y servicios para las personas mayores. La atención se ha centrado en gran medida
en la protección de los ingresos, la salud y los servicios de atención de la salud. Estos esfuerzos han tenido
repercusiones positivas en el bienestar de las personas mayores, pero aún queda mucho por hacer para
garantizar que puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Debido a las limitaciones en términos
de recursos y capacidades, la implementación ha sido lenta y siguen existiendo diferencias significativas entre
las políticas y la práctica (CEPAL, 2018b).
Asimismo, y con las especificidades que corresponden a cada caso, se observa una adaptación lenta de los
sistemas de salud a los cambios de la demanda surgidos a partir de las dinámicas demográfica, epidemiológica
y tecnológica, lo que se traduce en un incremento de los costos y gastos de los servicios de atención de
la salud y un acceso insuficiente de la población a servicios de salud adecuados y de calidad. Además, la
cobertura sanitaria es desigual y, aun si las personas mayores cuentan con seguros de salud, ello no implica
que puedan acudir a un centro médico cuando lo necesitan. La posibilidad de obtener medicamentos a un costo
accesible y de recibir prestaciones sanitarias eficaces y adecuadas a sus necesidades, así como cuidados de
larga duración fiscalizados y en los que se respeten los derechos y libertades fundamentales al aumentar la
dependencia, son asuntos que preocupan a la generación actual de personas mayores cuando su autonomía
se ve afectada. Los países del Caribe, entre tanto, han ampliado el acceso de las personas mayores a una
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