Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Con el rápido avance del envejecimiento poblacional, los servicios de cuidado para personas mayores
constituyen una parte importante de los sistemas integrados de cuidado. Estos apenas empiezan a establecerse
en la región, con algunos avances en países específicos, examinados en la sección C sobre envejecimiento,
protección social y desafíos socioeconómicos.
Los desafíos para disminuir la brecha de género en el trabajo doméstico y de cuidados son enormes en
la región. Además de este tipo de trabajo no remunerado, el trabajo doméstico remunerado comúnmente
también se encuentra bajo la responsabilidad de las mujeres. Por lo general, se trata de trabajos no protegidos
por las leyes laborales, con la excepción de algunos países, como la Argentina y el Uruguay, que ya registran
avances en esta área. Con relación a los progresos más recientes mencionados en los informes, siguiendo
parte de las recomendaciones del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011
(núm. 189), en el Brasil, Jamaica, el Paraguay y Venezuela (República Bolivariana de), se informa sobre la
existencia de leyes de protección a las trabajadoras y los trabajadores de servicios domésticos particulares.
En 2015, se incluyó a las trabajadoras domésticas en la cobertura del Seguro Nacional de Salud (SENASA) de
la República Dominicana. En el informe de El Salvador, se menciona la importancia de firmar el Convenio con
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para proteger a las trabajadoras que tienen contratos de trabajo
verbales, que ejercen su labor bajo una regulación distinta de las jornadas de trabajo, que no tienen derecho
al salario mínimo y que carecen de prestaciones sociales básicas.
Los cambios necesarios para lograr una mayor igualdad en el mercado laboral y, principalmente, en la
división sexual del trabajo pasan no solo por el marco legal y político, sino también por transformaciones
en el plano cultural. Destaca la necesidad de incorporar un enfoque de igualdad de género en la formación
educacional. Aún no hay datos a nivel regional para monitorear las políticas y acciones que indican cambios
en este ámbito, por lo que es necesario que se produzcan y sistematicen los datos necesarios para los
indicadores E.10 (incorporación de la igualdad de género dentro de los contenidos mínimos de los currículos
de la enseñanza básica y secundaria, incluyendo el tema de discriminación por razones de identidad de género
y orientación sexual) y E.11 (incorporación del enfoque de nuevas masculinidades dentro de los contenidos
mínimos de los currículos de la enseñanza básica y secundaria). Todas esas medidas son importantes no solo
para disminuir la desigualdad de género en el ámbito del trabajo, sino también porque la falta de autonomía
económica de las mujeres pone en riesgo su autonomía física. En este sentido, cabe señalar que en el informe
nacional de Chile se presenta un amplio listado de leyes que incorporan las cuestiones de género, sexualidad
y orientación sexual en los planes de estudios y que en el informe del Brasil se indica que, a pesar de que
el Plan Nacional de Educación (PNE) de 2014 no menciona la equidad de género, existen acciones en curso
en este ámbito 114 .
c) Situación en relación con la autonomía física y la violencia de género
La violencia es un tema que merece mucha atención en varios países en la región y la violencia de género,
específicamente, es un problema social relevante. A pesar de que los datos con que se cuenta resultan
insuficientes e incompletos, revelan un panorama que pone en riesgo la autonomía física de las mujeres y
niñas, así como de los niños, en todos los segmentos sociales. La violencia de género suele darse de múltiples
maneras que, en general, son acumulativas a lo largo de la vida, e incluye la violencia psicológica, física y
sexual. Esas violencias, además de estar vinculadas a una de las más duras violaciones de derechos, cuando
se viven en un contexto de pobreza, generan un círculo vicioso de desigualdad.
Estas violencias se dan en los más variados espacios —el seno familiar, el ámbito laboral y los espacios
públicos— y esto trae una complejidad adicional a las acciones necesarias para su eliminación. En este sentido,
los informes nacionales reconocen la importancia de abordar el problema de la violencia contra las mujeres
de manera integral. El indicador para el monitoreo regional de este ámbito es la proporción de mujeres de
114
El Gobierno menciona en su informe que busca otras iniciativas para ampliar la inclusión respecto de la discusión de relaciones de género en el ámbito escolar,
por ejemplo, con la inclusión de perspectivas de género en las políticas públicas de educación y con énfasis en la participación de las mujeres en las ciencias y
las carreras académicas con mayores barreras para la participación femenina.
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