Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
de protección social relevantes en Jamaica fueron reforzadas por políticas sectoriales específicas, como la
Política Energética Nacional, que en 2016 fue nombrada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) “Mejor
Estrategia de Infraestructura Gubernamental del Caribe 2016”. El marco de la Política Energética Nacional
también se adoptó en la política energética de la asociación de empresas de energía eléctrica Caribbean
Electric Utility Services Corporation (CARILEC). La Ley de Electricidad se actualizó en 2015 con un Plan de
Recursos Integrados de apoyo, en el que se establecía la integración de las energías renovables y alternativas
en la red (Gobierno de Jamaica, 2018, citado en CEPAL, 2018b).
Las acciones, políticas y programas que han implementado los Estados en materia de financiamiento y
mejora de la infraestructura para la provisión de agua y saneamiento han sido importantes, pero no suficientes,
pues las brechas de acceso a estos servicios siguen existiendo, reproducen las desigualdades en el ingreso,
las desigualdades en el ejercicio pleno del derecho de acceso al agua y las brechas entre áreas rurales y
urbanas, e incluso dentro de las mismas ciudades (CEPAL, 2018a).
ii) Barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas, una expresión
de la segregación socioterritorial urbana
El indicador G.8, que corresponde al indicador 11.1.1 de los ODS, permite informar sobre el avance en lo
que respecta a la medida prioritaria 77, especialmente en los temas de bienestar de las personas en todos
los territorios y, en particular, en la igualación de las oportunidades dentro de las ciudades. En la región, una
de las características de la población urbana de bajo nivel socioeconómico ha sido su localización en las áreas
periféricas de las ciudades, sobre todo en las ciudades más grandes. Esta localización se asocia a desventajas
derivadas de las condiciones más precarias en materia de vivienda, servicios básicos y equipamiento social, así
como a una mayor exposición a riesgos de seguridad (CEPAL, 2014a y 2014b). La contracara de esta localización
es la de los grupos socioeconómicos más acomodados, que tienden a localizarse en áreas exclusivas de las
ciudades, donde existen menores riesgos socioambientales y mayor equipamiento de servicios básicos y
sociales. La segregación residencial es una clara expresión de la desigualdad socioterritorial que experimentan
las ciudades. Por su parte, los tugurios 132 , que son parte del fenómeno de la segregación, son los territorios
donde se produce un mayor entrecruzamiento de los distintos ejes y ámbitos de la desigualdad socioterritorial.
Los tugurios carecen de servicios públicos, accesos físicos adecuados, sistemas de transporte, escuelas,
parques y otros espacios, áreas de recreación y otros bienes públicos. Además, no ofrecen una tenencia segura
o estable de la vivienda y la ocupación del suelo es, en muchos casos, informal o ilegal. Los tugurios se ubican
geográficamente en áreas centrales degradadas y en riesgo ambiental o en las zonas periféricas, lejos de
servicios y oportunidades y donde existe mala conectividad, lo que aumenta el riesgo de problemas sociales (por
razones de violencia o salud) para la población que habita en ellos (ONU-Hábitat/CAF, 2014; ONU-Hábitat, 2012).
En América Latina y el Caribe, en 2014, uno de cada cinco habitantes urbanos residía en una vivienda
inadecuada, de acuerdo con datos de 16 países (véase el gráfico III.27). Si bien las cifras son en promedio
inferiores a las de otras regiones en desarrollo 133 , existe heterogeneidad entre los países de la región. Haití
presenta la mayor proporción de población residente en tugurios: en 2005 un 70% de su población vivía en
barrios marginales y casi diez años más tarde este porcentaje había aumentado al 75% 134 . El Estado Plurinacional
de Bolivia también presenta valores superiores a la media regional; sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en
Haití, se constata que el porcentaje disminuyó entre 2005 y 2014, pasando de un 50% a un 43%. En tanto,
el Ecuador, Guatemala, Guyana y el Perú presentaban valores superiores al 30% en 2014; cabe destacar que,
en el caso del Ecuador, el porcentaje aumentó del 22% al 36% en los últimos diez años. Entre los países que
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Según ONU-Hábitat, un hogar de asentamiento precario es un grupo de personas que vive bajo el mismo techo en una zona urbana que carece de una o más de las
siguientes cinco condiciones: i) una vivienda durable de naturaleza permanente que proteja contra condiciones climáticas adversas; ii) un espacio vital suficiente,
lo que significa que no más de tres personas compartan una habitación; iii) acceso fácil a agua potable en cantidad suficiente y a un precio razonable; iv) acceso
a saneamiento adecuado: letrina privada o pública compartida con una cantidad razonable de personas, y v) tenencia segura para evitar los desalojos forzados
(ONU-Hábitat, 2012, pág. 64). Como ha señalado la CEPAL, “en la región, los tugurios hacen referencia también a conjuntos de viviendas precarias, conocidas
también como: campamento, villa miseria o favela, entre otros términos” (CEPAL, 2016b, pág. 73).
133
Según datos de la División de Estadística de las Naciones Unidas correspondientes a 2014, el porcentaje de población que vivía en tugurios en Asia Meridional
era del 30,7%.
134
Una de las causas del aumento de las personas que viven en tugurios en Haití es el terremoto que ocurrió en 2010, que causó un importante daño en las viviendas
de todo el país y particularmente en las áreas urbanas con alta densidad poblacional.
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