Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
3. Conclusiones
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo es el primer acuerdo regional en que se establecen
los principios y orientaciones más fundamentales para las políticas de desarrollo territorial. Esto permite contar
con un dispositivo amplio y completo tanto de principios orientadores de la acción pública sobre el territorio
como de los medios que es posible desplegar para ello. En lo referente a valores, junto con la igualdad se
destacan la integridad territorial, la cohesión y la equidad. En lo que se relaciona con los medios de intervención,
se destaca el papel de los distintos instrumentos de la planificación y también, lo que es muy importante,
de la participación social, de las alianzas público-privadas y de la articulación entre niveles de gobierno en la
conjugación de esfuerzos para el logro del desarrollo territorial (CEPAL, 2017).
En el período que va desde la aprobación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo,
se constata que el territorio es un factor estructurante de la desigualdad en la región y que hay una clara
desventaja de la población rural en la mayoría de los indicadores de bienestar social. La población rural aparece
sistemáticamente en desventaja, aunque se observa una mejora en la proporción de hogares que cuentan
con acceso a servicios básicos. Ello evidencia un persistente déficit de acceso a derechos básicos de los
territorios más postergados.
Las acciones, políticas y programas que han implementado los Estados respecto al financiamiento y la
mejora de la infraestructura en materia de agua y saneamiento han sido importantes, pero no suficientes, pues
las brechas de acceso a estos servicios siguen existiendo, reproducen las desigualdades en el ingreso y las
brechas entre áreas rurales y urbanas, e incluso dentro de las mismas ciudades (CEPAL, 2018a). La situación
de los países que presentan los porcentajes más bajos de disponibilidad de agua potable, particularmente
en las áreas rurales, pone de relieve que el agua es una necesidad acuciante y que los gobiernos deben
implementar programas para su provisión; más aún, si se considera el acceso a agua potable como un derecho
de la población, los Estados deben cubrir pisos mínimos y fijar planes de acción encaminados al acceso pleno.
La segregación urbana, como expresión espacial de la desigualdad, desencadena la existencia de bolsones
de pobreza, inequidad en el acceso a la vivienda, a los servicios públicos y a una adecuada infraestructura
urbana (CEPAL, 2014b; Montero y García, 2017). Una expresión de esta realidad son los tugurios. Si bien
América Latina y el Caribe presenta porcentajes de población que vive en tugurios inferiores a otras regiones
en desarrollo, existe heterogeneidad entre los países de la región. En el período que se analiza, los Estados
han implementado diversas acciones, entre las que se destacan los programas habitacionales para favorecer
el acceso a viviendas dignas y barrios con infraestructura de servicios básicos. Entre los objetivos de estas
acciones está que las personas dejen atrás los tugurios gracias a la obtención de soluciones habitacionales por
medio de relocalizaciones, procurando aplicar estrategias integrales que contemplen el cierre, en coordinación
con entidades públicas y privadas. Otras acciones han ido en la línea de dar una solución habitacional adecuada
con obras de accesibilidad y condiciones necesarias para atender a diversos grupos de población (personas
con discapacidad, personas mayores o personas vulnerables). Con todo, los Estados deben seguir avanzando
hacia la implementación de políticas de desarrollo urbano que consideren la inclusión de grupos vulnerables,
para hacer viables las acciones integradas en las distintas escalas de la trama urbana, considerando diferentes
fuentes de financiamiento.
Teniendo en cuenta que los desastres naturales constituyen una barrera importante para la reducción de
la pobreza y la disminución de la desigualdad socioterritorial, sobre todo en los países en desarrollo, donde
se cuenta con menos recursos para atender oportunamente las consecuencias de dichos eventos, resulta
necesario que los países realicen esfuerzos por centrarse más en la prevención de los desastres, así como
en la reducción y la transferencia de riesgos, a través del uso de instrumentos de financiamiento y de la
vinculación del sector privado a la gestión del riesgo de desastres. Deberían, asimismo, actualizar sus políticas
y mejorar la integración entre los organismos que se encuentran ubicados en los niveles central y subnacional
de los respectivos gobiernos, así como invertir para reducir, retener y transferir estos riesgos (CEPAL, 2016b).
Para un real desarrollo territorial de los países de la región, al efectuar mejoras o cambios en los mecanismos
legales, fiscales e institucionales que rigen la planificación y las políticas públicas se debería: i) incorporar
actualizaciones a los planes de desarrollo, ajustándolos a las necesidades de los territorios; ii) aportar a la
195