Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
que el 58% de todas las personas que vivían con el VIH estaban siendo tratadas. Por tanto, ONUSIDA (2017)
afirma que es necesario acelerar los esfuerzos para alcanzar a quienes todavía no reciben tratamiento porque
no se les ha detectado la infección. Además, entre los que reciben tratamiento, un 79% ha conseguido la
supresión viral. No obstante, ONUSIDA (2017, pág. 133) informa que los niveles más bajos de adherencia
al tratamiento se encuentran entre las trabajadoras sexuales, las personas que usan drogas y los hombres
homosexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Por tanto, hace falta llegar a los grupos cuya
retención en los servicios es baja debido a la estigmatización y la discriminación. Las cifras correspondientes
al objetivo 90-90-90 en el Caribe son del 64%, el 81% y el 67%, respectivamente, lo que pone de relieve la
necesidad de aumentar la detección y la adherencia a los programas de tratamiento en esta región.
En los informes nacionales, la gran mayoría los países menciona el esfuerzo realizado para alcanzar el objetivo
90-90-90, incluidas las acciones para disminuir el estigma de las personas con VIH y la discriminación contra
ellas, que son grandes barreras para lograr dicho objetivo en 2020. Por ejemplo, algunos países llevaron a cabo
encuestas para conocer mejor las barreras de acceso al diagnóstico y el tratamiento del VIH, como informa
el Gobierno del Paraguay (2018). También el Gobierno de Saint Kitts y Nevis (2018) informa que se realizó una
encuesta entre los trabajadores de la salud y, como resultado, se estableció un código de conducta para los
profesionales de la salud. Por otra parte, se reconocen algunos obstáculos que aún existen en los servicios
para la administración del tratamiento; entre ellos, la necesidad de notificar a los padres o responsables para
iniciar el tratamiento antirretroviral en el caso de los menores de edad, como se menciona en el informe del
Gobierno de Antigua y Barbuda (2018).
b) Salud reproductiva
i) Comportamiento y preferencias reproductivas
La transición de la fecundidad en los países latinoamericanos y caribeños, que se describió sucintamente
en el inicio de este informe, ocurrió en diferentes contextos sociales, económicos y políticos, y a velocidades
e intensidades distintas. No obstante, en todos los países, dicha transición estaba relacionada con cambios
profundos en el comportamiento sexual y reproductivo de la población, que de una forma u otra buscaba
realizar sus preferencias reproductivas. Después de que comenzara a caer la mortalidad infantil, el mayor
número de hijos sobrevivientes impulsó la demanda por regular el número de hijos nacidos vivos. En aquel
momento, los medios disponibles para regular la fecundidad en la mayoría de los países, principalmente entre
la población más pobre, estaban basados en métodos anticonceptivos tradicionales y poco eficaces, lo que
daba lugar a un alto número de interrupciones voluntarias del embarazo, como ha quedado documentado
en varias encuestas (CELADE/CFSC, 1972; Simmons, Conning y Villa, 1982). Dichas interrupciones muchas
veces se realizaban de manera insalubre y con una elevada mortalidad materna.
Por cierto, este escenario ha cambiado, sobre todo después de la disponibilidad de métodos anticonceptivos
modernos y de la aprobación de políticas y programas de planificación familiar, que tienen por objeto garantizar
el acceso de todas las mujeres y niñas a estos métodos. En la actualidad, con una tasa de fecundidad cercana
al reemplazo en la gran mayoría de los países de la región, se podría inferir que las necesidades de planificación
familiar están satisfechas, en línea con las directrices que se plantearon en la CIPD en 1994. También se
podría inferir que los embarazos ocurren de manera planeada, en el tiempo y el número deseados, y que la
mortalidad materna y el aborto inseguro ya no son problemas en los países, para ninguna parte de la población.
Sin embargo, en 2013, los países de la región reconocieron que esas inferencias eran demasiado optimistas,
puesto que el acceso universal a la salud sexual y reproductiva no era una realidad para toda la población
en su territorio y los derechos sexuales y reproductivos no estaban totalmente garantizados. Por ello, varias
medidas prioritarias del capítulo D del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo apuntan a lograr
efectivamente estas aspiraciones.
Además, en un contexto de baja fecundidad, cuando se esperaría una mayor convergencia de las tasas
en todos los segmentos poblacionales, los diferenciales de fecundidad por nivel socioeconómico y territorial
están aún muy presentes en la región. Esto revela problemas de realización de las preferencias reproductivas
que demandan políticas públicas diferenciadas. Por un lado, se incumplen los derechos reproductivos de una
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